El Gobierno se compromete a analizar posibles casos de misoginia en Canarias Cultura en Red

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo.

Macame Mesa

Las Palmas de Gran Canaria —

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, se ha comprometido, a petición de Podemos, a analizar la situación de la entidad pública Canarias Cultura en Red, tras las denuncias vertidas por dos extrabajadoras ante la Fiscalía por acoso laboral y discriminación a la mujer.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas remitió al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria unas diligencias abiertas contra el director ejecutivo de Canarias Cultura en Red, José Luis Cudós, tras considerar que los hechos denunciados por Elena Miranda y María Dolores Marrero pueden ser constitutivos de los delitos de discriminación en el ámbito laboral, incitación a la misma, coacciones y trato degradante.

Marrero mantiene en el mencionado Juzgado de Instrucción un litigio contra la entidad pública por los que apunta a la exconsejera de Cultura que accedió al cargo después de que la afectada fuera despedida, Inés rojas, y solicitó la imputación de Cudós. Ambos tendrán que comparecer próximamente ante el juez.

El diputado de Podemos Juan Márquez solicitó este miércoles a la consejera en la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes la apertura de una investigación en el seno de la Administración regional, que se lleve a cabo al margen del recorrido judicial de la denuncia ,para depurar cualquier tipo de discriminación interna que pueda darse en Canarias Cultura en Red.

Según la información recabada por Podemos, existe al parecer una discriminación salarial entre hombres y mujeres que se hace visible en la percepción de los complementos, lo que podría constituir una vulneración de los derechos de igualdad.

“Nos preocupa que haya otras trabajadoras dentro de la propia empresa que tengan miedo a denunciar” señaló Márquez. Asimismo, consideró que “en aras de un nuevo tiempo en el que tenemos que poner todo lo que sea necesario para luchar contra el acoso laboral y el machismo dentro de las instituciones, creemos que es la oportunidad para depurar cualquier tipo de responsabilidad interna”.

La consejera reconoció sentir preocupación por unas denuncias de las que, mantuvo, la Administración regional no tiene constancia. Motivo por el que en un primer momento concluyó que “no podemos iniciar ninguna acción en ningún término”. En caso de que se registrara alguna denuncia en el seno del Ejecutivo, dijo, se activarían los protocolos acordes a la normativa correspondiente.

Sin embargo, Lorenzo cambió de postura tras la segunda intervención de Márquez, que dudó de que la Consejería no se haya enterado de un proceso que afecta a una exconsejera y está judicializado. “No creo que sea el momento de echar balones fuera ante un caso gravísimo”, sentenció, mientras mostraba la documentación que obraba en su poder.

Posteriormente, la consejera sostuvo que “dado que usted cuenta con documentación al respecto, vamos a hacer una investigación”. “No se ha denunciado en la empresa o en el Gobierno, sí a nivel judicial”, insistió.

Lorenzo afirmó que “por la salud laboral de todas nuestras trabajadoras y la preservación de los derechos entre hombres y mujeres vamos a analizar esos posibles hechos y con la debida prudencia que estos casos requieren, estaremos informados”. Sin embargo, apostilló que “dejaremos actuar a la Justicia y si el caso lo requiere actuaremos en consecuencia con esos protocolos”.

“Balones fuera”

Aunque valora el cambio de rumbo que tomó la consejera en su intervención y que finalmente anunciara una “investigación”, Márquez consideró que Lorenzo lanzó balones fuera y dijo estar seguro de que el Gobierno regional cuenta con la información sobre el caso.

El diputado de Podemos pide una investigación que cuente con las suficientes garantías para los trabajadores, puesto que, según advierte, “puede haber más casos de los denunciados” que puedan estar sufriendo misoginia en la empresa pública.

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