El Gobierno denuncia filtraciones interesadas para dañar al presidente
El portavoz del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra, dijo este miércoles que se han efectuado filtraciones en el marco de la operación Góndola “con evidente ánimo de lastimar” y advirtió de que no se puede seguir poniendo en solfa “el bueno nombre y la honradez” del presidente regional, Adán Martín, tras conocerse el dictamen del fiscal que no ve indicios de delito. Antes, e
Miguel Becerra se refirió de esta manera al comunicado emitido este miércoles por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), según el cual “no se aprecian indicios suficientes de la comisión de hecho delictivo contra persona aforada alguna” en la pieza separada enviada por el juez que investiga el caso Góndola.
El portavoz del Gobierno regional leyó a su vez una declaración ante los periodistas en la que afirmó que este comunicado confirma lo que el Ejecutivo canario anunció el pasado viernes cuando se tuvo conocimiento “de una inesperada, increíble e infundada derivación del llamado caso Mogán”.
Según Becerra, el comunicado de la Fiscalía confirma que ni el presidente ni nadie del Gobierno de Canarias están involucrados en caso alguno de tráfico de influencias sobre el expediente Anfi Tauro.
El Gobierno de Canarias se ha ajustado absolutamente a la legalidad en la tramitación del citado expediente turístico y por ello estaba seguro de que las investigaciones judiciales sobre este caso “exonerarían de toda responsabilidad” a los miembros del Ejecutivo, añadió.
Becerra afirmó además que se ha hecho “absurdamente objeto de sospecha” al presidente del Gobierno canario, Adán Martín.
Consideró que para ello, lo que eran “meros indicios circunstanciales” se han filtrado “con evidente ánimo de lastimar”, pero también estos indicios demostrarían, una vez analizados, “la absoluta legalidad y honestidad de las actuaciones del Gobierno de Canarias”.
“Los canarios nos podemos sentir alegres”
“Creo que no solamente el Gobierno, sino todos los canarios, nos podemos sentir alegres por las conclusiones del Fiscal”, afirmó el portavoz.
A su juicio, la realidad está demostrando que no se puede seguir poniendo en solfa el buen nombre y la honradez del máximo representante de todos los canarios “al no apreciarse -por quien tiene que hacerlo- fundamentos solventes para ello”.
Por ello reiteró que la comunicación de la Fiscalía “es una buena noticia para Canarias y para el estado de derecho”.
Miguel Becerra anunció que el presidente del Gobierno regional, Adán Martín, tiene previsto comparecer este jueves ante los medios de comunicación para informar sobre este asunto y apuntó que, a falta del pronunciamiento de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC, no realizará más evaluaciones en este ámbito.
Preguntado por el origen de las filtraciones que a su juicio se han cometido en este asunto, el portavoz del Gobierno regional eludió concretar a quién se refiere pero insistió en que la filtración tiene “una intencionalidad”.
Reclamaciones al juez antes del dictamen del fiscal para que levantara el secreto del sumario
Antes de la rueda de prensa, el Gobierno de Canarias, en boca de su portavoz, Miguel Becerra, emitió un comunicado en el que reclama que lo antes posible se levante el secreto de las actuaciones alrededor de la pieza separada enviada por el juez de la Operación Góndola al TSJC, en la que se mencionaba la posible comisión de un delito de tráfico de influencias por parte de personas aforadas.
La nota del Gobierno de Canarias se envió a los medios unos minutos antes de que la Fiscalía del TSJC anunciase que “no se aprecian indicios suficientes de la comisión de hecho delictivo contra persona aforada alguna”.
En la nota del Ejecutivo regional, el portavoz del Gobierno reclama que se levante lo antes posible el secreto de las actuaciones ante la “indefensión” en la que se encuentra el presidente del Gobierno, Adán Martín, ya que se está “especulando” sobre un posible delito de tráfico de influencias en base a lo que el Gobierno considera “filtraciones parciales e interesadas”, y siempre sin que haya habido aún comunicación oficial y sin que el presidente y los miembros del Gobierno a los que se menciona conozcan qué contiene dicha pieza separada.
Becerra recuerda que desde la filtración inicial de la existencia de dicha pieza separada, “se ha venido especulando y elucubrando públicamente sobre la existencia de posibles e infundadas responsabilidades en materia de tráfico de influencias por parte del presidente [así como otros miembros] del Gobierno de Canarias, con la sola base de una conversación telefónica con el promotor de Anfi-Tauro, en la que éste recabó información sobre la tramitación de su expediente
De hecho, el Gobierno recuerda que “hasta ahora no se le han comunicado oficialmente a la Presidencia del Gobierno las actuaciones practicadas, ni tampoco se ha facilitado a los ciudadanos el contenido completo y textual de la citada conversación telefónica, como sería deseable para comprobar cuál es el fondo verdadero de las veladas acusaciones”.
Es más, Becerra señala que desde “alguna instancia oficial, se están dejando entrever cada día con filtraciones parciales y muy posiblemente interesadas, tendentes a lastimar la buena imagen de honradez, trabajo y servicio público acreditada por el presidente Adán Martín en sus 28 años de dedicación a las instituciones públicas”.
En la nota, el Gobierno de Canarias recuerda que el pasado lunes informó ampliamente sobre el fondo del asunto, dando cuenta de la tramitación del expediente Anfi-Tauro, “donde de forma clara se demuestra que se ha ido rebajando la desproporcionada demanda inicial de camas (7.500) a menos de una cuarta parte (1.690)”.
Así, Becerra argumenta que “de forma y manera que cualesquiera demandas ?en uno u otro tono? que la empresa Anfi-Tauro ha podido expresar en los 15 meses de tramitación han encontrado la audiencia debida contemplada en las leyes y la respuesta final, ajustada a derecho, de los dos departamentos del Gobierno competentes, pendiente de su elevación al Gobierno y, posteriormente, al Parlamento de Canarias, que es el que decide finalmente sobre las declaraciones de interés general de los cuatro proyectos turísticos pendientes”.
En todo este marco, es cuando Becerra considera que se están produciendo “unas manifiestas condiciones de indefensión del presidente del Gobierno de Canarias [y por extensión de la propia Institución], ya que la única forma contundente de rebatir las filtraciones interesadas es el conocimiento público de la citada conversación grabada al presidente”.
“Es por ello -prosigue- que desde ahora se solicita que se levante lo antes posible el secreto de las actuaciones. Y ello para que se ponga la debida luz pública donde no hay sino oscuridad, medias verdades, frases sacadas de contexto y múltiples prejuicios en paralelo a las propias actuaciones judiciales por las que el Gobierno sigue expresando su respeto”.
El Ejecutivo reclama que “es necesario garantizar la custodia de todo el material obrante en la pieza separada: cintas ”originales“, transcripciones ”íntegras“ de las conversaciones para asegurar que no se excluya ninguna, informes policiales y solicitudes policiales dirigidas al órgano judicial, con el fin de ver en qué hechos o conversaciones fundamentan una disparatada presunción de tráfico de influencias”.
El Gobierno concluye que “en cualquier caso, es necesario que se garantice la tutela judicial efectiva”.
Noticias relacionadas
Del 'viaje del salmón' al interés general del Cabildo (agosto-noviembre 2005)Del Patrimonio de Mogán al Gobierno de Canarias (enero-febrero 2007)Del 'viaje del salmón' al interés general del Cabildo (agosto-noviembre 2005)
Del Patrimonio de Mogán al Gobierno de Canarias (enero-febrero 2007)
