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El Gobierno canario pretende un imposible jurídico para gastar el superávit: que Pedro Sánchez cambie con un decreto una ley orgánica

El secretario general de UGT, Gustavo Santana, explica que “la ley orgánica es una norma de rango superior y un real decreto no puede modificar lo que está establecido en la misma”

La Consejería de Hacienda envió una propuesta al Ejecutivo central para modificar la Ley Orgánica 2/2012 mediante un real decreto que le permita disponer de los 500 millones de euros que el Estado estima como parte del superávit total de 2018 de la autonomía, que cifra en casi 1.000 millones de euros

La administración regional sostiene que los 500 millones de euros se corresponden con la deuda que mantiene el Estado con Canarias en materia de carreteras y quiere que se pueda utilizar ese dinero sin la limitación de la regla de gasto del superávit

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La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila. EFE/ Cristóbal García

En plena polémica con el Gobierno de Pedro Sánchez, y a escasos días de las elecciones generales del 28 de abril, el Ejecutivo regional ha enviado una propuesta al Ministerio de Hacienda pretendiendo un imposible jurídico para gastar el superávit: que el Gobierno central cambie con un decreto una ley orgánica.

A la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias se le ha ocurrido modificar la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con un real decreto-ley que le permita disponer de los 500 millones de euros (una parte del superávit que el Ejecutivo central contabiliza en casi 1.000 millones de euros) que según la administración regional se corresponden con la deuda que mantiene el Estado con Canarias en materia de carreteras.

Lo que pide la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, es poder usar esos 500 millones de euros sin la limitación de la regla de gasto del superávit impuesta por la Ley 2/2012, creada por el PP en años de crisis; aunque también permite destinar ese dinero a inversiones financieramente sostenibles, después de que el Gobierno aprobara esta posibilidad para el próximo ejercicio.

Sin embargo, el secretario general de la Unión General de Trabajadores en Canarias (UGT), Gustavo Santana, considera que con esta actuación el Gobierno regional “enrarece el ambiente” aún más con el Ejecutivo central, como ya sucediera después de la última reunión del Consejo Asesor en la que estuvo presente y donde manifestó su voluntad de que se encontrasen “elementos de concordia” entre ambas administraciones. Pero la carta que envió Fernando Clavijo, presidente de Canarias, a Madrid, reclamando una flexibilización del gasto de superávit, supuso “un frenazo en seco” a ese fin.

Santana explica que tras consultar a los servicios jurídicos del sindicato comprende que “la ley orgánica es una ley de rango superior y un real decreto no puede modificar lo que está establecido en la ley orgánica”. A pesar de ello matiza que, si la intención del Gobierno de Canarias es que se modifique la Ley 2/2012, “que tiene efectos perversos sobre las comunidades autónomas”, es “loable”, pero el procedimiento es otro.

“Se podría lograr si los partidos que salgan de las próximas elecciones modifican en el Congreso de los Diputados la Ley 2/2012”, explica Santana. De hecho, el PSOE ya presentó una propuesta de reforma de dicha normativa para eliminar la capacidad de veto que tiene el Senado, pero el Partido Popular y Ciudadanos lo bloquearon.

Reclamar más dinero sin gastar el que ya tiene

A los 500 millones de euros, se suman 42 millones de euros previstos para el Plan Integral de Empleo o 30 millones para luchar contra la pobreza. Todas, partidas que según el Gobierno regional le debe el Estado. Este es un episodio más del mensaje reiterado por Coalición Canaria prácticamente desde que el Gobierno de Pedro Sánchez presentara sus presupuestos para 2019, que finalmente no pudo sacar adelante: Canarias no recibe del ejecutivo socialista la financiación que a juicio de la formación nacionalista le corresponde.

Sin embargo, durante estos cuatro meses, CC ha omitido que hay 500 millones de euros del ejercicio de 2018 que corresponden a "no ejecución presupuestaria", según datos elaborados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma. A esta cifra, se le suman 295 millones de superávit del año 2017 que se podían haber destinado a inversiones financieramente sostenibles en 2018, como establece la normativa.

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