El Gobierno canario incrementa con 45 millones el presupuesto de Sanidad
El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes una modificación de crédito por importe de 45 millones de euros para destinarlos a la compra de medicamentos y material y a mejoras en las infraestructuras de la Sanidad pública, según ha informado su consejera de Hacienda, Rosa Dávila.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la responsable de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha anunciado también la aprobación de un decreto que introduce modificaciones en el reglamento de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para dar una mayor cobertura a las personas que se encuentran en situación de exclusión social.
Dávila ha informado de que unos 7 millones de euros de la modificación de crédito aprobada se destinarán a sufragar facturas derivadas de la compra de medicamentos, 33 millones a equipamientos sanitarios y cuatro millones para infraestructuras.
Así, la modificación de crédito se empleará por las diferentes gerencias de Atención Primaria y Especializada del Servicio Canario de la Salud (SCS), según una nota facilitada por la Consejería de Presidencia.
La compensación de este crédito permitirá cumplir con las obligaciones económicas de facturas para la compra de medicamentos y todo tipo de material sanitario, que resultan fundamentales para la realización de los servicios esenciales y de urgencia asistencial.
Además, permitirá hacer frente a necesidades tales como ventiladores para la unidades de cuidados intensivos, electrocardiógrafos, equipamiento para programas preventivos en las islas no capitalinas y todo tipo de aparatos electromédicos que, por su renovación y nivel de obsolescencia, son esenciales para atender el normal funcionamiento de los centros, señala la nota.
En cuanto a los cambios que se han introducido en el reglamento de la PCI, Valido ha explicado que la principal novedad es la incorporación de una nueva figura de personas en riesgo de exclusión social que se amplía a quienes estén en situaciones de extrema necesidad, como las de sin hogar y las víctimas de maltrato doméstico, las familias que tienen a todos sus miembros en paro o las desahuciadas.
También incluye ahora a las personas con medidas de protección de las administraciones públicas, así como aquellas que no puedan acceder con carácter temporal a rentas o ingresos que permitan la subsistencia de la economía familiar.
Igualmente, se introduce una nueva definición y requisitos que habrán de cumplir las unidades de convivencia, para lo que se modifica el concepto de unidad familiar que se amplía a la que se produce en el marco de la familia y en cualquier tipo de espacio habitacional.
Además, la nueva reglamentación agilizará el proceso de tramitación de la solicitud de la ayuda con una gestión coordinada de los expedientes al crear una aplicación informática común de tipo administrativo, que mejorará la operatividad del sistema.
Valido ha recordado que la PCI está condicionada a la realización de actividades adecuadas para posibilitar la inserción social, laboral, educativa o mejorar aquellas existentes relativas al estado de salud o de la vivienda de las personas beneficiarias, y con los cambios introducidos algunos, por problemas de salud mental por ejemplo, estarán exentos de estos programas y sujetos a otros adecuados a su perfil.
En el mes de marzo de 2017, la PCI llegó a un total de 8.977 beneficiarios, siendo 575 nuevas altas, si bien a finales del mes mayo la Consejería tiene previsto ofrecer un balance con datos detallados sobre las personas que se han beneficiado, su perfil y el tiempo en que han dispuesto de esta ayuda, que se ofrece durante seis meses y se puede solicitar por un periodo máximo de 24.
Según los datos adelantados por Valido, entre un 50 y un 55 por ciento que solicita la PCI concluye los programas sin posibilidad de inserción social o laboral o, debido a que se trata de personas en situaciones complicadas, no son capaces de mantener un empleo.
Además, ha indicado que los beneficiario de la PCI emplean una media de 12 a 18 meses para lograr un empleo, aunque en muchos casos agotan los dos años.
Esta ayuda cuenta con un presupuesto para 2017 que ascenderá a 53,5 millones de euros, frente a los 45 millones del pasado año, con lo que se espera atender a más solicitudes, ha indicado Valido.
