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El Gobierno canario recurre la ley de Régimen Local ante el Constitucional

El Ejecutivo autonómico considera que la normativa central modifica el actual modelo de Estado

"Es tan farragosa que causa inseguridad jurídica a las administraciones locales, a los ciudadanos y las empresas prestadoras de servicios"

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Consejo de Gobierno

Reunión del Consejo de Gobierno, este viernes. (Efe/Cristóbal García)

El Gobierno de Canarias ha acordado este viernes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local al entender que tiene como objetivo cambiar el modelo del Estado al reducir la función de los ayuntamientos, dijo el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, Martín Marrero declaró que también se cambia el modelo de Estado con esa ley porque con ella se sobrecarga a las comunidades autónomas con competencias hasta ahora municipales y se propicia la privatización de servicios en perjuicio de los ciudadanos.

El portavoz del Ejecutivo canario indicó que con la aprobación de la ley de Régimen Local, el Gobierno español y las Cortes han usado la reserva de competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y hacienda general y deuda, para establecer controles legales sobre las administraciones locales.

Estos controles, en opinión del Gobierno de Canarias, no resultan admisibles constitucionalmente por comprometer la autonomía local, así como por invadir competencias autonómicas, tanto en determinados sectores, como en materia de régimen local, contenidos en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Marrero ha añadido que pese a que en la exposición de motivos de la ley se alude a la mejora de la organización, competencias y eficiencia de las administraciones locales, el Gobierno canario considera que el objetivo real del Gobierno español con esta Ley es modificar el modelo de Estado.

Para ello, ha añadido el portavoz gubernamental, se reduce el papel de los ayuntamientos, se sobrecarga a las comunidades autónomas con competencias hasta ahora municipales y se propicia la privatización de servicios en beneficio de empresas privadas y perjuicio de la ciudadanía.

"Todo ello, sin tener en cuenta los límites constitucionales establecidos y que todos los niveles de la Administración Pública están obligados a respetar" ha agregado el Ejecutivo canario.

Por ello, el Gobierno de canarias insta al Tribunal Constitucional a que elimine de la ley los preceptos de la que menoscaban la autonomía local, garantizada constitucionalmente, así como aquellos que invaden competencias de Canarias.

Concretamente, el Ejecutivo canario considera que esta ley lesiona con especial incidencia competencias de la comunidad autónoma de Canarias en sanidad, educación y servicios sociales, al estar éstas incluidas en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Canarias entre las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma.

El portavoz del Gobierno canario ha dicho que esta ley fue aprobada sin negociación y está siendo contestada desde distintos sectores, tanto por los problemas de aplicación que tiene como por entender que desborda el marco constitucional de la autonomía local y autonómica.

En opinión del Gobierno de Canarias, la aplicación práctica de esta reforma estatal resulta "tan farragosa que causa inseguridad jurídica a las administraciones locales, a los ciudadanos y las empresas prestadoras de servicios".

También entiende el Gobierno canario que esta ley afectará a la prestación de servicios públicos básicos para los ciudadanos, principalmente en el área social y con incidencia en el empleo "lo que doblemente grave en una situación como la que padece el país".

Asimismo considera que se ven afectados servicios como el transporte, el asesoramiento a los consumidores o el empleo y la formación.

Quinta acción presentada ante el Tribunal

El Tribunal Constitucional ha recibido ya al menos cinco recursos o conflictos de competencias de distintas administraciones y formaciones políticas contra la reforma local, norma que, a juicio de la oposición, demolerá los servicios sociales y que, para el PP, garantiza esas prestaciones y es constitucional.

A los recursos presentados durante esta semana por el Parlamento extremeño y la Junta de Andalucía contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se han sumado hoy los del Parlamento andaluz, el Gobierno asturiano y el firmado por 130 diputados del PSOE, IU, UPyD, ERC, Compromís y Coalición Canaria.
 Además, el Gobierno canario ha aprobado su presentación, como hizo anteriormente la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de esa comunidad.

Los grupos de la oposición argumentan en su recurso que el legislador estatal se ha extralimitado al regular las bases sobre "régimen local", invadiendo, con ello, el espacio competencial autonómico. A su juicio, la reforma local va a "demoler" los servicios sociales, acabará con la capacidad de gestión de los ayuntamientos y supone un ataque a la democracia.

"Es una ley que priva a los ayuntamientos de su autonomía política", en palabras del portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui.

"Puramante partidista"

Argumentos a los que ha contestado el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, quien ha defendido que la reforma es "plenamente constitucional", pues está avalada por el Consejo de Estado y tiene a su favor todos los informes jurídicos, y además "garantiza al cien por cien los servicios sociales".

En declaraciones a Efe, Arenas ha señalado que la finalidad del recurso de la oposición es "puramente partidista", y ha asegurado que "muchos alcaldes socialistas, en privado", muestran "su conformidad" con esta ley.

Si ayer fue el Gobierno andaluz el que presentó su conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional, hoy ha sido el Ejecutivo asturiano, también gobernado por el PSOE, el que lo ha hecho en "defensa" de las competencias de la comunidad autónoma.

El planteamiento de Asturias, esbozado por el viceconsejero de Administraciones Públicas, Álvaro Álvarez, es que la reforma atribuye a la comunidad autónoma competencias propias de los ayuntamientos, pero también se cuestiona la supresión de la personalidad jurídica de las parroquias rurales, con gran arraigo en el Principado y reguladas en su Estatuto de Autonomía.

El Gobierno canario, por su parte, ha aprobado hoy la interposición del recurso con el argumento de que la reforma pretende cambiar el modelo del Estado al reducir la función de los ayuntamientos.

Según el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, se sobrecarga a las comunidades autónomas con competencias hasta ahora municipales y se propicia la privatización de servicios en perjuicio de los ciudadanos.

También el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha presentado hoy en el registro del Tribunal Constitucional el recurso en el que la Cámara andaluza sostiene que la ley atenta contra el Estatuto de Andalucía y vulnera competencias autonómicas.

El Parlamento andaluz recurre 20 preceptos de dicha ley al entender que suprime servicios y prestaciones básicos, establece técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia, dispone procedimientos rígidos, impone modelos de gestión, y prevé la elaboración de planes económicos financieros estrictos, entre otros.

Además de los recursos presentados, se espera el que impulsan más de 2.000 ayuntamientos gobernados por numerosas formaciones políticas y liderados por el de Barcelona, por ser el de mayor tamaño.

El 31 de marzo termina el plazo para que ese Ayuntamiento solicite el dictamen del Consejo de Estado, paso previo a la presentación del recurso.

De ese modo, se cumplirá el requisito que establece la Ley del TC de que el recurso debe ser suscrito por las mayorías absolutas de un séptimo del total de los ayuntamientos del Estado, que, además, supongan un sexto de la población. 

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