El Gobierno regional quiere redactar con los municipios de Gran Canaria una ordenanza sobre venta ambulante
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Canarias citará, el próximo lunes 25 de octubre, a los concejales de Comercio de los municipios de la isla de Gran Canaria para redactar una ordenanza común sobre la venta ambulante.
Asimismo, se prevé que tras dicha reunión, se celebre un encuentro con los representantes de las diferentes asociaciones de vendedores, para comunicarles el posible acuerdo y recabar de ellos propuestas de mejora de la normativa, según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.
De esta forma, el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Arturo Cabrera, “da cumplimiento” al compromiso que alcanzó con las asociaciones de vendedores en la reunión que mantuvo en septiembre y donde le solicitaban una mediación con los ayuntamientos.
Asimismo, el Ejecutivo regional puntualizó que desde hace varios meses, algunos colectivos de vendedores ambulantes “mal informados” insisten en que sea el Gobierno canario quien fije el plazo de validez de las licencias en los mercadillos, “algo que excede con mucho sus competencias”.
Ante ello, la Dirección general de Comercio insiste en que “toda la regulación de las licencias, tanto en plazos como en requisitos o baremos para otorgarlas, corresponde a cada uno de los municipios”.
De todos modos, el Ejecutivo regional reconoció que las “especiales características del negocio” en las islas hace que cada vendedor necesite contar con licencias en varios municipios para poder vivir de esta actividad, lo que “se complica si cada ayuntamiento fija plazos, requisitos y baremos distintos para otorgar los permisos”.
Por ello, apuntó, la Dirección general de Comercio se ha ofrecido a mediar “desde el principio” y, ante el retraso en un posible acuerdo, ha decidido “dar un paso más y ser este centro directivo quien emplace a todos los municipios de Gran Canaria a reunirse para acordar una normativa común, que permita desarrollar la venta ambulante en condiciones de seguridad económica suficientes para los vendedores”.
El Ejecutivo canario ha recordado que la incertidumbre de los vendedores se originó con la entrada en vigor de la Directiva Europea de Liberalización de los Servicios (Directiva Bolkenstein), en la que se eliminaba la posibilidad de conceder licencias indefinidas o automáticamente renovables.
Por ello, los comerciantes con mayor antigüedad reclaman que se establezca para ellos un sistema de licencias con plazo de 15 años, prorrogable por otros 15, para amortizar la inversión realizada en su puesto ambulante, aduciendo que otras comunidades autónomas, como Madrid, han aprobado ese plazo.
En este sentido, afirman que les consta que Madrid “ha sido la única Comunidad Autónoma que lo ha hecho y también le consta que se trata de una norma que está recurrida por el Estado, puesto que, al margen de regular competencias municipales, establecer ese plazo contraviene la normativa europea, por equivaler en la práctica a dar licencias indefinidas”.
Finalmente, subrayan que la Dirección general de Comercio del Gobierno de Canarias coincide con el criterio del Estado y recuerda que la vulneración de una norma europea, y más contraviniendo el criterio del Estado, puede dar lugar a multas por parte de la Unión Europea, que recaerían directamente en las arcas de la Comunidad Autónoma y que, por tanto, tendrían que pagar todos los ciudadanos.
