El Gobierno sostiene que no hubo desvío de dinero de las obras del Palacio de Justicia para adecuar juzgados
El Gobierno de Canarias ha asegurado a este periódico que en ningún momento ha desviado a adecuar locales de alquiler para ubicar nuevos juzgados los tres millones de euros presupuestados en 2007 para las obras de construcción del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.
Fuentes oficiales de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Ejecutivo autónomo mantienen que esos tres millones de euros que figuran transferidos en 2007 de las obras del Palacio a adecuación de distintos locales alquilados “nunca se quitaron porque nunca existieron y se destinaron a otras necesidades del área de Justicia, porque ya estaban en las cuentas de la Consejería”.
La explicación que ha dado el Gobierno ante la publicación de la noticia por este periódico el pasado lunes es que en 2006 el Ejecutivo hizo una reserva de dinero en Hacienda para los Presupuestos de 2007 de 20 millones de euros, correspondientes a una cuarta parte de la licitación inicial de la obra del Palacio, presupuestada en 80 millones de euros.
Sin embargo, al adjudicar en 2007 la obra a la constructora, ésta presentó una mejora de la oferta económica por la cual se comprometía a construir el Palacio por menos dinero, de ahí que “esos tres millones de euros transferidos nunca formaron parte del proyecto”.
Las fuentes oficiales de la Consejería de José Miguel Ruano (CC) han querido también matizar que, a su juicio, las obras de remodelación del edificio judicial de Granadera Canaria no conculca la Ley de Salud Laboral, como han mantenido ante este periódico representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia, y así se lo ha hecho llegar a los responsables de la Dirección General.
A juicio del Gobierno, todas las obras se han ejecutado con los requisitos legales exigidos, además de mantener que la legislación no obliga a instalar puertas de apertura automática para minusválidos y que, en el caso de la instalación del aire acondicionado, ingenieros del área de Industria comprobaron que los difusores instalados sobre las mesas de trabajo cumplen con los flujos de aire legales.
En cuanto a la información publicada por este periódico de los gastos de alquiler previstos en 2009, las mismas fuentes señalaron que el Gobierno de Canarias no está obligado a recabar la opinión de la Junta de Personal para la elección de los locales a alquilar.
