González Arroyo se escuda en los informes técnicos
Así lo manifestó al término de la declaración del ex alcalde Juan David García, abogado de la Asociación de Vecinos Las Clavellinas, que se ha querellado por estos hechos contra González Arroyo y el ex secretario municipal Miguel Ángel Rodríguez.
La asociación vecinal acusa a ambos, y también a todos los concejales que conformaban el grupo de gobierno de La Oliva en 1999, año en que el Ayuntamiento acordó la venta de parte de esos terrenos en una subasta pública a La Caixa por un precio inferior al que había estipulado, de ser los presuntos autores de los delitos de prevaricación y maquinación para alterar el precio en subasta pública.
Además, la defensa de los vecinos de Corralejo considera que hay “indicios suficientes” de la comisión de un delito de fraude a la Hacienda Pública y malversación de caudales.
El fraude a la Hacienda Pública se fundamenta en que la Ley de Haciendas Locales prohíbe enajenar bienes públicos para pagar gastos corrientes y el Ayuntamiento, presuntamente, efectuó esta operación para saldar parte de una deuda contraída con La Caixa de 694 millones de pesetas, señalaron fuentes cercanas al caso.
El otro presunto delito de malversación de caudales públicos está relacionado con la venta de esos terrenos a La Caixa por 250 millones de pesetas, añadieron las fuentes.
Tras declarar este miércoles ante la magistrada Margarita Varona, González Arroyo se limitó a decir a los periodistas “que tengan mucha suerte, que es lo que más le deseo yo a Dios para todos ustedes”.
Sin embargo, el abogado de la defensa, que solicitará diligencias de investigación al considerar que con los documentos presentados en la causa hay suficientes indicios como para ir a un juicio oral, informó de que González Arroyo se declaró “inocente” y destacó que la venta “contó con los informes preceptivos del Ayuntamiento”.
La defensa de los vecinos de Corralejo cree que “está más que demostrado en toda la documentación presentada que hay una donación para construir viviendas para los vecinos de Corralejo y gran parte de esos terrenos, casi el 50% -125.000 metros cuadrados-, fueron segregados y vendidos a una tercera entidad cambiando la finalidad para la que fueron donados”.
Según afirmó Juan David García, el ex alcalde de La Oliva dijo ante la magistrada “que el Ayuntamiento tenía deudas que pagar y que tenía la cobertura de los informes jurídicos”.
Sin embargo, la defensa entiende que eso no es cierto porque existe un informe de la Secretaría de la Corporación, “que advierte de la cláusula cuarta de la escritura de donación”, que indica que “existe la finalidad expresa de que esos terrenos se destinen a viviendas o a solares para los vecinos”.
González Arroyo manifestó, según la defensa, que “tenía conocimiento de ello pero pensó que segregando una parte cumplía con la obligación de la escritura”.
La Asociación de Vecinos Las Clavellinas presentó esta querella en diciembre de 2002 ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Puerto del Rosario y en ella también se incluyó en un principio al registrador del Ayuntamiento José Manuel Muñoz Roncero, pero fue eximido de la causa por el Juzgado de Instrucción porque no apreciaron indicios de conducta delictiva.
En caso de que la instrucción prospere y se ordene la apertura de juicio oral, la defensa solicitará que se procese al técnico municipal que hizo la tasación pericial de los terrenos por usurpación de funciones e intrusismo profesional, pues su titulación es la de perito industrial.
En esta causa también figura como acusación popular desde 2005 la asociación cultural y ecologista Agonane.
