El propietario del Gran Hotel Meliá Volcán defiende que es legalizable con las leyes actuales
Francisco Armas, propietario del Gran Hotel Meliá Volcán de Playa Blanca (Lanzarote), defendió en la sede del Grupo Horinsa que su establecimiento de cinco estrellas gran lujo es legalizable con las leyes actuales de ordenación del territorio
La licencia del hotel, de 255 plazas, está anulada por los tribunales por carecer de informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación y del informe jurídico municipal. Según el Cabildo, incumple la programación contemplada en el PIO de 1991 y en la moratoria de 2000.
Armas, visiblemente nervioso en su comparecencia, mostró a la prensa el proyecto de adaptación del plan parcial al PIO de 1991, con fecha de abril de 1998, unos días antes de que se aprobara inicialmente la moratoria de 2000. Aseguró que no hacía falta el informe de compatibilidad con el PIO al estar ya adaptado el plan parcial, si bien la sentencia de anulación señala que le informe es necesario si no está adaptado el planeamiento municipal, como es el caso.
Tras la rueda de prensa, el abogado que compareció junto a Armas señaló que “si se pidiera hoy el informe de compatibilidad con el PIO sería positivo”. Los propietarios señalan que en la sentencia se habla de retrotraer el expediente y que deberá ser el Ayuntamiento de Yaiza quien lo reinicie.
Armas, que también es presidente de la patronal hotelera de Lanzarote, destacó que se rebajó el número de plazas turísticas a la mitad respecto al proyecto inicial y aseguró que ha estado tanto tiempo callado “porque no se trataba de defender un caso concreto”. “Esto es un problema de más envergadura que afecta a la planta hotelera más moderna de Lanzarote”, señaló. “¿Qué sería de Lanzarote sin esta oferta alojativa moderna”, se preguntó y añadió que “se ha dañado la imagen de un grupo empresarial vinculado a Lanzarote desde siempre de forma frívola”. “Se prueba?señaló?que no hay malintencionalidad ni somos unos chorizos”.
“Estamos más lejos de la solución”
Para Armas, el informe sobre las ilegalidades urbanísticas presentado recientemente por el Cabildo “no contribuye a solucionar el problema”. “Ahora estamos más lejos de la solución”. Criticó a la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, porque dio la impresión de que “tendía la mano” para una solución y finalmente no ha sido así. “Si hay voluntad política esto se puede arreglar”, aseguró. Añadió que “se tiene que ser creativo en la búsqueda de soluciones” y que “tirar un hotel es un fracaso colectivo”.
El presidente de Asolan señaló que la asociación no defiende “ninguna ilegalidad”. Justificó que habría que hacer un esfuerzo por arreglar el problema aunque sólo fuera por los ingresos que reciben las administraciones municipales por las licencias de los hoteles.
La licencia al Gran Hotel Meliá Volcán se concedió cuatro días antes de que se aprobara inicialmente la moratoria junto a otros cinco establecimientos. Estos cinco establecimientos habían solicitado la licencia sólo dos días antes. “Claro que sí es raro”, señaló Armas, preguntado por la celeridad municipal en conceder los permisos. “Que se pidan responsabilidades a quien las tenga y déjese de masacrar a los empresarios”.
El presidente de Asolan señaló que hay un ambiente entre los empresarios de pesimismo generalizado, “asfixiante”. “Trabajar así es imposible tal y como está el ambiente”, aseguró y señaló que los touroperadores aprovechan esta circunstancia para negociar los precios a la baja. “Dan ganas de abandonar y tirar al toalla”, dijo Armas.
El empresario, que compareció en la sede de su empresa aunque dijo hacerlo también en calidad de presidente de Asolan, señaló que “es una falsa impresión” que los afectados por las licencias anuladas estén separados. “No es justo que se dañe a personas que hemos dado muestras de honorabilidad”, aseguró.
Por otra parte, el miércoles por la tarde se celebró una reunión entre los técnicos de la Oficina del Plan Insular se Ordenación y el jurista en materia de ordenación del territorio con los técnicos de la Comisión de ordenación del territorio y medio ambiente de Canarias para presentar el informe de las ilegalidades urbanísticas.
