Güímar deberá pagar 300.000 euros a una empresa

El Ayuntamiento de Güímar deberá abonar al menos 300.000 euros a la empresa Parque La Granja SL por la anulación del plan parcial Era Don Miguel II. Este planeamiento preveía la ejecución de 200 viviendas y una plaza de 9.000 metros cuadrados en pleno casco del núcleo urbano. En 2009 la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) votó en contra del documento por ir en contra del contenido del Plan General de Ordenación (PGO) el mismo día en que el Ayuntamiento lo aprobaba de forma definitiva .

En concreto, la Cotmac determinó que la Corporación local se había extralimitado en la delimitación del ámbito de actuación, con lo que varios propietarios se encontraban afectados. A partir de aquí la empresa acudió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para solicitar una indemnización, un derecho que le ha sido reconocido. Así, a través de una sentencia se apunta que los promotores deben ser compensados por daños emergentes, en cuanto a los gastos notariales, de registro de la propiedad, de gestoría y de certificaciones.

Además, serán compensados en concepto de lucro cesante por un negocio que estaba cifrado en cerca de 6,5 millones de euros. El fallo es recurrible ante el Tribunal Supremo (TS), con lo cual será en este ámbito donde se fije la cuantía exacta.

El TSJC en otra sentencia viene a ratificar la anulación de este planeamiento tal y como había solicitado la Cotmac. Durante este procedimiento judicial el Ayuntamiento reconoció que la diferencia de superficie del ámbito territorial del Plan Parcial y el señalado en la ficha técnica del PGO abarcaba una franja de terreno de aproximadamente 1.087,30 metros cuadrados, que según el informe del arquitecto municipal es suelo urbano consolidado, pero que, según el Plan General, tiene la clasificación de urbanizable. Esta contradicción se intentó subsanar sin éxito con la aprobación del documento horas antes de que fuera debatido en la Cotmac.

Cuatro años de tramitación

Hace escasas fechas el Supremo decidió mantener la suspensión del acuerdo plenario después de que la empresa hubiese solicitado a los tribunales que permitieran el comienzo de las obras, autorización que ha sido descartada. El documento se tramitó durante más de cuatro años y finalmente recibió el visto bueno municipal en un pleno celebrado a principios del año 2009. En aquel momento, se aseguraba que todos los informes técnicos eran correctos, aunque en realidad faltaba el estudio medioambiental.

Antes, la Cotmac dio su visto bueno condicionado a la aprobación del Plan. En concreto, se le impusieron diez reparos, concluyendo que era necesario modificar el PGO de Güímar o bien reajustar el plan parcial a los límites establecidos en este último planeamiento. Finalmente, la Cotmac informó desfavorablemente a este documento el mismo día que el Ayuntamiento lo aprobada de forma definitiva.

Poco después, la Corporación local procedió a anular su propio acuerdo plenario. Las tipologías admitidas son edificaciones abierta y cerrada y la densidad se sitúa en 64 casas por hectárea hasta sumar casi doscientas. Igualmente, planteaba un espacio libre, de dotaciones y equipamientos que abarcaba casi 9.000 metros cuadrados.

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