Industria defiende la ''validez y regularidad'' del concurso eólico

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias defendió este jueves la “validez, objetividad y regularidad” del concurso eólico, tras las críticas de la diputada del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) Paquita Luengo, que denunció este jueves “posible prevaricación” del Gobierno regional en la adjudicación eólica en La Palma y Lanzarote y pidió el “cese inmediato” del viceconsejero de Industria y presidente de la comisión de adjudicación del segundo concurso eólico, Juan Pedro Sánchez, por “ser el causante de las irregularidades” en ambas islas que han provocado el “actual estancamiento del concurso”.

El Gobierno autónomo sale, así, al paso de las críticas del PSC-PSOE y exige en un comunicado “sensatez y responsabilidad” a la oposición y el “máximo respeto a la profesionalidad y el buen hacer del equipo técnico que trabaja en este concurso público, objetivo y transparente”.

Añade que este concurso público, convocado en mayo de 2007 para la asignación de 440 megavatios de potencia en nuevos parques para el vertido de esta energía en la red eléctrica general, “continúa con total normalidad su tramitación”.

Hasta la fecha, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio ha resuelto la asignación de potencia en la isla de La Palma, La Gomera y Lanzarote, donde el procedimiento administrativo ordinario previsto continúa abierto.

En estos momentos, la Consejería está procediendo a la fase de resolución de los recursos ordinarios presentados en plazo por los promotores que así lo estimaron oportuno en cada una de estas islas, “como es habitual y siguiendo el procedimiento reglado para ello en el ordenamiento jurídico vigente”, agrega el Ejecutivo regional.

“Legitimidad de cualquier promotor”

Según la administración, “la presentación de recursos en un procedimiento administrativo de este tipo es algo normal y la forma para su resolución está reglada. El sistema de recursos ordinarios en vía administrativa funciona con garantías y es lícito y legítimo que quienes concurren a una convocatoria pública hagan uso de él”.

Así pues, el Gobierno canario defiende la utilización de esta vía, al igual que reconoce la legitimidad de cualquier promotor para acudir a la vía judicial si lo estima oportuno.

De este modo, el consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez, y todo su equipo exigen “respeto al trabajo objetivo, técnico y transparente que está realizando la comisión técnica designada para resolver este concurso, un grupo de trabajo compuesto por empleados públicos de reconocida experiencia y solvencia técnica, cuyo único propósito es trabajar para conseguir que en Canarias se implanten los mejores parques eólicos posibles”.

Rodríguez defendió una vez más la validez de las bases elaboradas para este concurso público, cuyos criterios de valoración son, según el consejero, “totalmente objetivos y transparentes, abundando en su contenido en detalles sobre las fórmulas y metodologías aplicables para la resolución del mismo en cada uno de los parámetros de medición”.

“Trabajando con total tranquilidad”

Además, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio deja claro que continuará trabajando con “total tranquilidad, seriedad y concentración en la pronta resolución de este concurso, sin dejar que los juegos de distracción y fuegos de artificio promovidos por el PSOE desde la oposición influyan en el correcto procedimiento administrativo que está tramitando la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para la asignación de potencia eólica”.

Asimismo, el equipo de la Consejería de Empleo lamentó que, “una vez más, la diputada regional del grupo socialista Francisca Luengo utilice los medios de comunicación para enturbiar con acusaciones infundadas la acción del Gobierno canario y recuerda que, en caso de tener sospechas reales sobre la posible comisión de delitos, su obligación es hacer menos publicidad engañosa e interponer una denuncia en la vía judicial”.

Para la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, los “ataques” de la oposición al concurso eólico responden “únicamente a la maniobra política de sembrar la duda gratuita y general sobre la regularidad de cualquier actuación del Gobierno canario, por puro y exclusivo interés partidista, obviando el interés general que supone, en este caso, la implantación de energía eólica en Canarias”.

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