La Justicia canaria pide más medios contra el ''cáncer'' de la corrupción

Garrido subrayó que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado debe ser “decidida, enérgica y contundente” en el acto de apertura del Año Judicial del TSJC, en el que su presidente, Antonio Castro, pidió que los nuevos órganos que se creen refuercen las jurisdicciones con más pendencias. El fiscal jefe del TSJC manifestó que no se pueden escatimar los recursos, ya que la corrupción presenta unos perfiles específicos que la dotan de una especial peligrosidad, y se refirió a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por los medios que incluye para combatir esta “lacra social”.

En su discurso, subrayó también la tendencia alcista de la criminalidad que se ha registrado en Canarias, donde el número de procedimientos penales incoados en 2006 superó los 231.000, un 6,3% más que el año anterior.

Inmigración y menores

Además, incidió de nuevo en el trabajo que genera el fenómeno de la inmigración irregular por la llegada de pateras y cayucos a las Islas, y en la “especial” situación de las cárceles del Salto del Negro (Gran Canaria), Tahíche (Lanzarote), y en Tenerife II, con un número de recursos que doblan sus capacidades. Garrido se quejó también de la falta de plazas para los menores que precisan internamiento, cuya carencia -dijo- merma los principios de la ley penal que los regula, y reclamó la creación de un centro en Lanzarote y la remodelación de La Montañeta, en Gran Canaria.

Por su parte, Antonio Castro señaló que el retraso en la tramitación de los procedimientos judiciales en las Islas, el mayor de toda España, se debe a la excesiva carga de trabajo y a la inestabilidad de los puestos de trabajo. Dijo que los órdenes jurisdiccionales civil y social son los que más retrasos registran, por lo que consideró que en los futuros planes de creación de nuevas unidades judiciales se tendrá que tener en cuenta para reducir la tasa de pendencia.

Recordó que el Ministerio de Justicia en 2006 sólo creó en Canarias seis unidades judiciales y que en 2007 está prevista la creación de doce. También hizo referencia a la necesidad de que se inicien los estudios para la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, y a la construcción de nuevos edificios judiciales, sobre todo los de La Orotava y Puerto del Rosario.

Castro reiteró que se sigue a la espera de los proyectos de ley de las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de organización territorial de la Administración de Justicia, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativo y de Enjuiciamiento Civil. Reformas necesarias para evitar, en el caso de la Penal, los “interminables procesos que han convulsionado la sociedad canaria en los últimos tiempos”, con el fin de evitar la “injusticia” que comporta un decisión judicial tardía, afirmó.

El presidente del TSJC aludió al fenómeno de la inmigración irregular y señaló que los servicios que prestan los juzgados de instrucción a estas personas supone, en la mayoría de las ocasiones, la paralización “total” del resto de la actividad.

Incentivos contra la movilidad

Para atajar la carga de trabajo que soportan los juzgados canarios, Castro confió en que el incremento del complemento de destino a los jueces, fiscales y secretarios judiciales en Gran Canaria y Tenerife sea motivo de incentivo y produzca menor movilidad.

El presidente del TSJC en su discurso destacó el desarrollo de las vías alternativas para la resolución de conflictos, y se refirió al decreto autonómico sobre Mediación Familiar, que prevé la formación de mediadores familiares, la creación de un registro de estos especialistas y su posible gratuidad, entre otras cuestiones.

“Desprecio” hacia los ataques a la independencia judicial

Mientras, el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, por su parte, declaró que la Justicia ha dado en Canarias una “extraordinaria lección de eficacia y entrega”.

La profesionalidad de la actividad de la Justicia en las Islas ha quedado demostrada con las actuaciones de relevancia pública, como los casos Góndola, Faycán, Eolo o Las Teresitas, que se suman a otras que pasan desapercibidas para la opinión pública. En este sentido, se refirió a las voces que sugieren la existencia de un pacto entre medios de comunicación, PSOE y Justicia para destapar algunos de estos casos y dijo que dichas personas demuestran con sus declaraciones el “desprecio” que sienten por los profesionales que trabajan por el bien común y la Democracia.

Por otra parte, en Canarias, la Justicia ha avanzado “notablemente” en lo que a equipamiento se refiere, lo que depende del Gobierno autonómico, con nuevos juzgados y el incremento de la plantilla, así como con la realización de cursos de especialización.

Colaboración cubano-canaria

El acto contó con la asistencia de una nutrida delegación de representantes institucionales, entre ellas figuró el presidente del Tribunal Popular de Cuba, Rubén Remigio.

Precisamente, Remigio Ferro aseguró que su país no atraviesa una etapa de transición. “En mi país las cosas marchan normalmente con la característica de que está el presidente convaleciente, pero todo marcha normalmente como seguramente sabéis”, subrayó.

El magistrado cubano explicó que su país y el Gobierno canario tienen suscritos convenios de colaboración para la mejora de la Justicia en Cuba y el intercambio de profesionales. Ferro se encontraba de visita en Canarias y los responsables de la Justicia en Canarias tuvieron la “gentileza” de invitarlo a la apertura del nuevo curso, celebró.