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Lerena fue beneficiado con contratos a cambio de pagar el sueldo a la empleada que coló en Urbanismo

Pedro Álvarez, jefe de Negociado de Espacios Naturales y del Litoral de Santa Cruz de Tenerife habría declarado en un juicio en la Jurisdicción Social, que la “permisividad” por la que una trabajadora contratada por un constructor pudo ejercer su actividad laboral dentro de la Gerencia de Urbanismo, se debió a “la falta de personal”. A cambio de que la trabajadora prestase sus servicios en el organismo autónomo, al empresario Lerena Sánchez se le compensaría con la adjudicación de contratas.

Según consta en el escrito presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con fecha de entrada del 19 de enero de 2006, Álvarez “declaró bajo juramento que en el año 2002 y 2003 había poco personal en la oficina técnica que él dirige, y para dotarse de personal y de un modo ciertamente irregular (y que bordea el delito), acordó con la empresa Juan Antonio Lerena Sánchez S.L. que contratase a C.M.P, a quien ya conocía con anterioridad, para que prestase su servicio en las oficinas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, desempeñando las funciones a funcionario de carrera y, a cambio, la Gerencia de Urbanismo adjudicaría obras a la empresa Juan Antonio Lerena Sánchez S.L. para resarcirle del gasto ocasionado al contratar a doña C.M.P.”

Esa declaración en el juicio entablado por la trabajadora de Lerena contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que se le reconociese la categoría de personal laboral en grado de técnico, “por haber realizado funciones de superior categoría a las de auxiliar administrativo”.

En la denuncia se añade que C.M.P, que durante siete años ha ocupado silla, mesa, teléfono y ordenador con clave propia en la Gerencia de Urbanismo, pese a cobrar su sueldo del constructor, alegó para su demanda “elaborar informes técnicos”. En el escrito admitido por la Fiscalía, se añade que la empleada de Lerena “también, presuntamente, ayudaba en la elaboración de pliegos de condiciones, todo ello con la finalidad de conseguir una categoría asimilable a técnico de la Administración General”.

Quejas de otros trabajadores

La denuncia pide que se investigue la relación entre la empleada de Lerena, éste y los contratos que le ha concedido el Ayuntamiento, los dos últimos aún publicados en la página web del Consistorio.

Entre la documentación figura el testimonio por el que una funcionaria del Servicio de Control y Gestión Medioambiental, elevó al sindicato SEPCA una queja contra C.M.P. La funcionaria alega que CM.P. Le llamó “bruja” y le exigió que retirara una mesa. “Expongo la situación a que ha dado lugar este escrito, señalando la total falta de respeto al puesto de trabajo en el que me encuentro por parte de Doña C.M., la cual no sé en calidad de qué se encuentra en el Negociado de Espacios Naturales y del Litoral”.

Este escrito fue presentado ante Dolores Delgado Miranda, jefa del Servicio de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos del Servicio de Control y Gestión Medioambiental del Ayuntamiento.

Manuel Parejo lo sabía

Ese escrito va acompañado de otro firmado por diez funcionarios del mismo servicio que hicieron llegar a Manuel Parejo en noviembre de 2009, cuando era primer Teniente de Alcalde y concejal de Recursos Humanos. Los funcionarios se quejaron de que “hay una persona que supuestamente trabaja en este servicio de Negociado de Espacios Naturales y Litoral y supuestamente pertenece a una empresa externa”.

“La sola presencia de esta persona genera muchos problemas en el servicio, es un agravio comparativo muy grande, el ambiente es cada vez más tenso e insoportable y los que pueden hacer algo, no actúan”. “Durante años esta persona se incorporaba al trabajo sin control horario alguno”, añade la misiva.

Ambos escritos dieron lugar a que en una reunión de la Junta de Personal del Ayuntamiento santacrucero del pasado 4 de noviembre se abriese un expediente informativo para conocer quiénes han permitido la “irregular” actividad de esa trabajadora en un puesto de trabajo “que legalmente no le corresponde”, los posibles lazos de parentesco con esas autoridades y la petición de depuración de responsabilidades.

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