Libertad provisional para el edil de Arrecife (Lanzarote) Antonio Machín, imputado por cohecho en Operación Jable
ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado hoy un auto en el que decreta la libertad provisional sin fianza para el concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), Antonio Machín, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), imputado por un presunto delito de cohecho dentro de la supuesta trama de corrupción denominada 'Operación Jable'.
La Sala estima así el recurso de apelación interpuesto por el edil contra el auto de prisión de fecha 29 de abril de 2010 del juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife de Lanzarote, César Romero Pamparacuatro, que la Audiencia revoca, según la resolución dada a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El auto precisa que Machín tendrá sólo la obligación de designar domicilio en España en el que practicar las citaciones y notificaciones que fueren precisas.
La Audiencia ha adoptado dicha decisión al estimar que “no existe el más mínimo indicio de riesgo de fuga” y no se considera que la libertad del imputado “vaya a perjudicar a la instrucción de la causa, ni vaya a interferir en las pruebas que queden por practicar”.
ACOPIO DE DOCUMENTACIÓN
Recuerda que, al ser detenido por la policía judicial, se practicó un registro en su domicilio y en los archivos del Ayuntamiento de Arrecife, además de que el Ministerio fiscal solicitó el 28 de septiembre de 2009 y el juez acordó por providencia de 2 de octubre de 2009, accediendo a lo solicitado recabar todos los expedientes administrativos de adjudicaciones de obras efectuadas por la Concejalía de Parques y Jardines desde septiembre de 2007 a septiembre de 2009.
Además, el propio representante de la empresa Infogelan, S.L. aportó a las actuaciones, según refiere el apelante, toda la documentación relativa a la contratación y pagos efectuados por el Ayuntamiento de Arrecife, facturas de la empresa desde la primera vez que contrató con el Ayuntamiento, así como órdenes de pago, extracto de las cuentas y fotocopias del Libro Mayor del Ayuntamiento de Arrecife, en donde se recogen todos los pagos realizados.
En definitiva, se considera que se ha hecho “acopio de la documentación correspondiente a cuya modificación u ocultación ya no puede tener acceso el imputado”.
La Audiencia estima que su ingreso en prisión “pudiera haber estado justificada al momento de la detención por la inminencia de las diligencias a practicar”, pero “hoy día se estima carente de fin legítimo que la justifique y, por lo tanto debe dejarse sin efecto”.
NO SE TEME QUE VUELVA A COMETER COHECHO
“En cuanto a la reiteración delictiva, desde luego, a la vista de la repercusión mediática que ha tenido este procedimiento en la isla conejera, no parece que se le ocurra ni al imputado pedir o aceptar, ni a un empresario ofrecer o pagar comisión alguna, por lo que no se considera que exista temor de que el imputado vuelva a cometer este delito de cohecho, lo que evidentemente se hace constar a los solos efectos de esta resolución y sin ánimo de prejuzgar”, detallan los razonamientos jurídicos.
Y, por último, dado que el riesgo de fuga, como afirma “es inexistente, huyendo de fórmulas estereotipadas y automatismos judiciales, sobra, en el presente caso, la imposición de las consabidas y repetidas presentaciones periódicas apud acta”, apunta la resolución.
DÉNIZ Y ÁLVAREZ, EN LIBERTAD
Ya el pasado 21 de mayo fue puesta en libertad la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, mientras que el día 28 de mayo quedó también libre el empresario y gerente de la empresa Urbaser (que se encarga de la limpieza de la ciudad), Jacinto Álvarez. Por su parte, aún permanece en prisión el técnico del Ayuntamiento Rafael Arrocha.
Por su parte, el número de arrestos efectuados en el marco de la bautizada como 'Operación Jable' --tercera fase del 'Caso Unión'-- suma un total de 25.
Entre ellos se encuentran empresarios, como el andaluz José María Rosell, así como representantes políticos, tales como el histórico líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín --arrestado en prisión--, la ex presidenta del Cabildo de Lanzarote y actual consejera de Recursos Humanos en la corporación insular, María José Docal, la ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz y el abogado Francisco Rodríguez-Batllori (CC), que fue consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, además de diputado en la Cámara regional.
Las detenciones y registros se han realizado tanto en Lanzarote, como en Gran Canaria, Madrid y Almería.
TRES FASES
La 'Operación Jable', sobre presunto cobro de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarote para conseguir la adjudicación de contratos para las obras y servicios que se realizaban en la isla, salió a la luz pública el 19 de abril cuando comenzó la primera fase del operativo con la detención de ocho personas.
La segunda fase aconteció el 23 de abril con el arresto de otras siete personas y, posteriormente con el arresto de Dimas Martín.
La tercera y última fase arrancó el 27 de abril con otros ocho arrestados y se elevó hasta un total de 25 con la detención del empresario Juan Francisco Rosa, según precisaron las mismas fuentes.
La investigación que llevan a cabo agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la UCO ha permitido “poner al descubierto un complejo e importante entramado” de corrupción, asentado en “varias” instituciones de la isla de Lanzarote, según informó la Benemérita.
TESTAFERROS
Así, la investigación ha puesto de manifiesto que a través de un “importante entramado” empresarial y utilizando a varias personas que actuaban como testaferros, una persona ocultó la propiedad de sus bienes para que estos no pudieran ser intervenidos por la Administración de Justicia.
Por otra parte, la trama está también relacionada con supuestos pagos, que con fondos de un consistorio de Lanzarote y de empresas públicas, se realizaban a uno de los detenidos por servicios no prestados. Otro ex-cargo público ejercía tráfico de influencias sobre los funcionarios para que hicieran efectivos dichos pagos.
“LA TRAMA ORGANIZADA MÁS IMPORTANTE” DE LA ISLA
De este modo, la 'Operación Jable' comenzó el 19 de abril cuando agentes de la Guardia Civil registraron varias dependencias del Cabildo de Lanzarote, una sucursal bancaria, así como domicilios y empresas del presunto entramado de corrupción.
La investigación ha permitido desarticular “la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades”, según informó la Benemérita en un comunicado.
Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización.
