El cierre de la oficina de información al consumidor de LPGC “desborda” al Gobierno
El director general de Consumo del Gobierno canario, Gustavo Matos (PSOE), ha acusado este lunes al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de “deslealtad institucional impresentable” y de “dejar desamparados” a los ciudadanos por llevar a cabo “un cierre encubierto” de su OMIC.
Aunque la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la capital grancanaria, sigue abierta, desde ese servicio se ha comenzado a remitir a los usuarios que antes se atendían en él a la Dirección General de Consumo autonómica, que se está viendo “desbordada” con esa medida, ha dicho Matos, al denunciar públicamente el proceder del Consistorio.
El director general ha pedido al alcalde, Juan José Cardona (PP), que “rectifique y dé marcha atrás” en lo referente a esa medida, que ha insistido en que supone “un grave perjuicio para los ciudadanos” de la capital isleña y, además, “no está en absoluto justificada”.
Según Matos, “el argumento que se ha pretendido dar desde el Ayuntamiento para explicar ese cierre es absolutamente falso”, en tanto que ha señalado como razón la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sosteniendo que esa norma determina que las corporaciones municipales dejan de ser competentes en las tareas de la OMIC.
El director general ha relatado que, de hecho, meses atrás “surgió una duda” sobre que eso pudiera ser así, “pero se resolvió por completo” tras promoverse un debate entre los gobiernos central y autonómicos de todo el país cuya conclusión, de la que se informó a todas las corporaciones locales, fue que los ayuntamientos seguían estando facultados para prestar servicios en esa materia.
Eso implica, a su juicio, que “no existe justificación jurídica alguna que avale este cierre”.
Matos subrayado que ese cierre no ha supuesto, de facto, clausurar las dependencias de la OMIC cerrando sus puertas físicamente, pero sí que los ciudadanos que antes acudían a ellas y recibían asesoramiento o mediación en conflictos que se les habían planteado en calidad de consumidores sean despedidos sin recibir atención alguna y remitidos al departamento regional de Consumo.
Eso ha llevado a que este departamento haya recibido en un mes transcurrido desde que comenzaran esas nuevas prácticas de la oficina municipal, a principios de marzo, 300 consultas telefónicas y 450 de personas que se han presentado directamente en sus dependencias, así como 120 reclamaciones y consultas escritas, todas ellas reenviadas allí desde la OMIC, ha expuesto.
Y ha opinado que, con ese proceder, “da la impresión de que desde el Ayuntamiento se ha querido usar la puerta de atrás para cerrar ese servicio sin que los ciudadanos les pasen factura”.
Ha argumentado al respecto que, si bien la corporación puede dejar de atender a los vecinos del municipio en la OMIC, ya que “no tiene obligación legal de hacerlo”, lo ha hecho desde hace muchos años, como otros diversos ayuntamientos de Canarias y España que, en general, no se han planteado ahora eliminar ese servicios.
Por todo ello, ha querido enviar a Juan José Cardona el mensaje de que, si lo desea, puede dejar de prestar esos servicios o, incluso, solicitar colaboración para su mantenimiento al Gobierno de Canarias, que ha asegurado que “tiene la mano tendida” por si eso ocurre, “pero no así, de esta manera”.
Ya que, al eliminar la atención de la OMIC por la vía denunciada, “sin al menos avisar con meses de antelación para poder organizarse” a la Dirección General de Consumo, se le genera “un colapso” a este departamento, que no posee medios para atender las miles de gestiones que venía haciendo al año esa oficina, mientras que a los ciudadanos se les deja en una situación de “indefensión”, ha dicho.
