Melchior confía en que el Cabildo no pierda su TDT
El presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, confía en que la Corporación “no pierda” sus canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) tras haber transcurrido tres años desde su adjudicación y no haber comenzado a emitir.
Melchior explicó a ACN Press que estas fechas de crisis “no son el momento adecuado” para poner en marcha un canal TDT “ni para el Cabildo ni para ninguna otra administración”, razones que espera que “se tengan en consideración por las condiciones de contorno en las que nos movemos”.
De hecho, considera que hay “otras prioridades” que se deben cubrir de forma prioritaria, especialmente las relativas a materias sociales, lo que “se debe tener siempre en cuenta”. Asegura, además, que lo que le ha pasado al Cabildo con la TDT, “sucederá exactamente igual en todos lados”.
Extinción “automática”
Son más de una decena el número de concesionarios, públicos y privados, que no han comenzado a emitir dentro del plazo legal, entre los que se encuentran los dos canales insulares asignados a los cabildos de Tenerife, La Palma y La Gomera, el canal Localia en Gran Canaria o los concedidos a los ayuntamientos de la capital tinerfeña, La Orotava y varios de La Palma y el norte de La Gomera.
La Ley sobre la Comunicación Audiovisual de abril de 2010 establece que, tras seis meses de su entrada en vigor, fecha que se correspondería con el pasado 1 de noviembre, quedarían “automáticamente extinguidas” las concesiones para la gestión de los canales locales “que no hubieran iniciado sus emisiones dentro del plazo establecido”.
Esta circunstancia afectaría de igual manera a los canales atribuidos tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas que llevó a cabo la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno regional el 16 de octubre de 2007, que a tenor de la ley estatal tiene un plazo máximo de tres meses, que finaliza el 31 de enero, para convocar un nuevo concurso con todos los canales que no habían comenzado a emitir el pasado 1 de noviembre.
Si el Gobierno autonómico, inmerso en estos momentos en el polémico concurso de adjudicación de las licencias radiofónicas, no convoca el nuevo concurso después del plazo máximo de tres meses, cualquier particular estaría legitimado para exigir el inicio del procedimiento.
