Melián: ''Abrimos una puerta y han empezado a salir un montón de cosas''
La edil de Nueva Canarias Carmen Delia Melián, que denunció la desaparición de unas parcelas en el Ayuntamiento de Mogán y dio lugar al caso Góndola, expresó este su sorpresa por la detención del portavoz del PP y de los empresarios Santiago Santana Cazorla y Alvaro Juan Canales.
La concejala manifestó a Efe que con su denuncia “abrimos una puerta y han empezado a salir un montón de cosas”, en relación a las investigaciones llevadas a cabo que han permitido sacar a la luz el presunto empadronamiento de turistas a cambio de votar al PP y una “trama de corrupción increíble”.
Comentó que las detenciones producidas este lunes se rumoreaban, pero ello no es “óbice para que no sorprendan”.
En el caso del detenido Santiago Santana Cazorla, destacó que se trata de uno de los empresarios de la construcción más importantes de la isla y del municipio, mientras que Álvaro Juan Canales, aunque sin tener tanto peso, posee un grupo inmobiliario y constructor con intereses en el sur grancanario.
Recordó que el motivo de su denuncia fue la falta de respuesta del alcalde del PP, Francisco González, detenido la pasada semana, acerca de la desaparición de unas parcelas que debía recibir el Ayuntamiento según un convenio suscrito con la promotora turística con Anfi- Tauro, y que descubrió cuando era concejala popular en el municipio.
La concejala manifestó que la situación en el Ayuntamiento de Mogán este lunes es de “absoluta calma”, pese a la detención del portavoz del PP, Silverio Hernández, y comentó que “la gente está a la espera de que se celebren las próximas elecciones” para pronunciarse.
Tres parcelas perdidas
Se empezó investigando un supuesto delito de corrupción urbanística y ello ha llevado a varios delitos que van desde el fraude electoral hasta la compra de simpatías mediáticas.
El empresario Santiago Santana Cazorla, último de los detenidos en el marco de la Operación Góndola, y al que se le imputan delitos contra la ordenación del territorio y por tráfico de influencias, estuvo en el punto de mira desde que la ex concejal popular Carmen Delia Melián presentara denuncia por presuntas irregularidades entre el Grupo Anfi Tauro, que preside Cazorla, y el Ayuntamiento de Mogán.
La Operación Góndola arrancó tras esta denuncia, centrada en la supuesta cesión de tres parcelas al Ayuntamiento por parte del grupo Anfi Tauro que al parecer no figuraban en el Plan General de Ordenación de Mogán. Recientemente, la empresa ha comunicado que esas parcelas “están totalmente garantizadas”, a pesar de no figurar en los lugares previstos inicialmente.
Al parecer, a través de una serie de reubicaciones de las (una parcela comercial, deportiva y una plaza), la empresa asegura que están “totalmente garantizadas” las cesiones comprometidas a través de la cesión de la parcela T-21, según consta en el Registro de la Propiedad de Mogán y cuyo valor se estima en más de 30 millones de euros.
La empresa indicó en un anuncio publicado en varios medios de comunicación que sus servicios jurídicos están analizando todo lo acontecido para que, si así se estimase conveniente, “ejercer cuantas acciones legales correspondan para la defensa de sus derechos y restaurar así el buen nombre e imagen obtenido a lo largo de 20 años con realizaciones y ejecuciones de proyectos emblemáticos de Gran Canaria”.
Sin embargo, y a pesar de que la corrupción urbanística fue el punto de arranque de las investigaciones policiales alrededor de las gestiones municipales en Mogán, estas investigaciones han derivado en el descubrimiento de otros delitos, como la supuesta manipulación electoral o la compra de favores mediáticos. Este último delito investigado justificaría la detención del director de Radio Arguineguín, Juan Medina Ascanio.
