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El presidente de Melilla, del PP, se suma a las especulaciones de Clavijo sobre fondos desviados a Catalunya

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE).

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

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El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, del Partido Popular, se ha sumado a las especulaciones lanzadas desde Canarias sobre un supuesto desvío de fondos para inversiones hacia Catalunya como consecuencia del intento de deshielo de las relaciones entre el Estado y la Generalitat. El líder melillense ha amenazado abiertamente con “liarla” si logra confirmar lo que hasta ahora confiesa que son solo informaciones de oídas, consistentes en que el Gobierno de Pedro Sánchez no incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2019 los 300 millones que Mariano Rajoy comprometió con la ciudad autónoma para la ampliación de su puerto.

Imbroda también especula sin tener una sola prueba, como hicieron la semana pasada en Canarias tanto su presidente, Fernando Clavijo, como la diputada nacional Ana Oramas, ambos de Coalición Canaria, acerca de la reducción en las partidas destinadas al convenio de carreteras para el archipiélago, una vez se firmaron más de 1.800 millones de euros, unos 330 menos de los que Canarias reclama.

Sumadas las dos cantidades, es decir, los 300 millones que Imbroda dice que se le sustraen a Melilla, y los 330 que reclaman las autoridades canarias, se sobrepasarían en 400 los 260 millones que el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 21 para carreteras en Catalunya.

Las acusaciones de Clavijo y de Oramas no tuvieron sin embargo traslación alguna al acto de firma del convenio de carreteras entre el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y el vicepresidente canario, Pablo Rodríguez, que no mostró públicamente el desagrado de la Comunidad Autónoma. A su regreso al Archipiélago, sin embargo, el Gobierno activó un plan para trasladar a la opinión pública la noticia de que se iba a ver obligado a buscar alternativas para acabar las obras públicas ya en curso, a pesar de los 1.800 millones que el vicepresidente se trajo.

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