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NC afirma que la nueva Ley del Territorio es "una enmienda a la totalidad" al Gobierno de Rivero

La consejera Barreto niega que se pretenda hacer "majo y limpio" sino aclarar la "difusa frontera entre lo insular y lo municipal" en la planificación

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El diputado de Nueva Canarias, Román Rodríguez, durante una de sus intervenciones. (EFE/Cristóbal García).

El diputado de Nueva Canarias, Román Rodríguez, durante una de sus intervenciones. (EFE/Cristóbal García).

El líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha asegurado en el Parlamento que la nueva Ley del Territorio en la que está trabajando la Consejería de Política Territorial "supone una auténtica enmienda a la totalidad" a la Ley de Modernización y Armonización aprobada en enero por el anterior Ejecutivo que presidía Paulino Rivero en coalición con el PSOE.

"Lo que significa es que esa Ley ni modernizaba ni armonizaba, que es lo que en todo momento dijimos los grupos de la oposición", afirmó Rodríguez.

Según el líder de NC, la nueva legislación persiste en el error de "romper con el consenso" que en materia de oredenación del territorio hubo en el Parlamento hasta el año 2009, pues "lo que quieren realmente no es defender el interés general sino los legítimos intereses de las minorías".

Sin embargo, la consejera  de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, negó que la intención del Ejecutivo sea " hacer majo y limpio," con la anterior norma, sino "unificar, simplicar y actualizar la normativa de ordenación territorial en un texto único, una única ley, que nos permitirá revisar las directrices generales y sectoriales".

"Se trata de poner solución a la complejidad y la inseguridad jurídica creada por la legislación existente que introduce modificaciones difíciles de gestionar", insistió.

En este sentido, Rodríguez recordó que "han sido ustedes los que han montado el lío con la aprobación de 5 leyes inconexas, la última de ellas en enero".

Difusa frontera

Para la consejera, "buena parte de las trabas que se han venido produciendo responden a la difusa frontera entre lo insular y lo municipal, separación compleja, pero que demanda la máxima atención", motivo por el que  el equipo de trabajo que empezará a reunirse la próxima semana  estará liderado por profesores de las universidades canarias, por juristas de reconocida trayectoria y por personal de la consejería.

Al respecto, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Jorge Blanco, consideró que "sería más operativo un grupo de trabajo aquí, en el Parlamento de Canarias, que el que pretende montar el Gobierno regional", pues cree que el Ejecutivo no pretende atajar "una reforma profunda" sino hacer un nuevo parche.

"El propio presidente Clavijo ha reconocido que la actual Ley es inoperativa, es un entramado ineficaz", dijo.

Más dura fue aún la portavoz de Podemos, Asunción Delgado, al afirmar que "no son las normas las que están mal hechas, esa es la confusión a la que todos ustedes no quieren llevar a creer", por lo que pidió que "hagan una planificación objetica y rigurosa de los recursos naturales, así no habrá problema".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Casimiro Curbelo (ASG), afirmó que "el territorio, que es un factor estratégico para el desarrollo económico de las Islas, está enfermo", por lo que afirmó que la "medicina es la simplificación y la descentralización", abogando por la desaparición de la COTMAC.

Como ejemplo de la rigidez e inoperatividad legislativo, Curbelo dijo que "Hernán Cortes conquistó México en 2 años, mientras que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva 15 años para aprobar su planeamiento".

Por su parte, el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, dijo que tras el debate "me preocupan tanto las posturas integristas de Podemos como las desregularizadoras que defiende el PP".

"Simplificar no es desregular, por mucho que muchos se empeñen en trasladar que esa es la idea del Gobierno de Canarias", insistió Ruano para defender que todo el territorio que ya está protegido lo seguirá estando tras la aprobación de la nueva Ley.

Una idea que remachó la consejera de Política Territorial al afirmar que "se trata de que el marco normativo responda a las necesidades actuales y cumpla la función de protección y ordenación del suelo como recurso natural especialmente valioso, sin ir más allá de lo necesario".

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