NC solicitará en el Congreso que el superávit de las administraciones locales se destine a servicios públicos esenciales

Nueva Canarias registrará este martes en el Congreso de los Diputados cuatro enmiendas a la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos, cabildos y gobiernos territoriales inviertan el superávit acumulado de 2018 y 2019 en servicios públicos esenciales.

El presidente de NC, Román Rodríguez, destaca la necesidad de que las corporaciones locales de las islas y el Ejecutivo canario reviertan los 1.600 millones de euros, que se estima hayan acumulado entre ambos ejercicios económicos en los bancos, en actuaciones de primera necesidad para los ciudadanos.

El líder nacionalista hace un llamamiento al PSOE y a Podemos para que sean “coherentes” con sus propuestas, que defendían el mismo planteamiento que las enmiendas de los nacionalistas progresistas.

El diputado de NC en la Cámara Baja Pedro Quevedo registrará este martes tres enmiendas de adición y una de supresión a la Proposición de Ley Orgánica del PSOE y Podemos para reformar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 con la que se quiere levantar el veto del Senado al techo de gasto.

Las propuestas de mejora de NC pretenden que se suavice la regla de gasto para que las corporaciones locales y gobiernos territorales que cumplan con los objetivos de déficit, de deuda pública y con los plazos de pago a proveedores puedan aplicar el superávit “en su totalidad a la financiación de los servicios públicos y competencias que tengan atribuidas”.

A juicio de NC, en el actual escenario de crecimiento económico, se deben cambiar las políticas de la austeridad y de los recortes que, en la década de la crisis, provocaron un deterioro severo a los servicios públicos esenciales.

En opinión de Rodríguez, “no se puede entender” que los ayuntamientos y cabildos de las islas tengan cerca de 1.000 millones de euros, casi el doble que el Gobierno canario, “ociosos” en los bancos sin poder ser invertidos salvo cuando se trata de inversiones financieramente sostenibles permitidas por la legislación a las corporaciones locales y comunidades autónomas.