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Noemí Santana afirma que la Ley de Altos Cargos de Clavijo “es light, descafeinada, solo maquilla y es muy frustrante”

La formación morada enmienda a la totalidad el proyecto legislativo porque “no cumple, ni de lejos, con los requisitos de transparencia y de control de altos cargos que serían imprescindibles”.

“Parece que la han hecho pensando en que algunos consejeros, cuando acaben su mandato, podrán irse a un consejo de administración de la empresa privada sin ninguna dificultad”.

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La portavoz del grupo parlamentario Podemos, Noemí Santana, interviene en el pleno del Parlamento de Canarias

La portavoz del grupo parlamentario Podemos, Noemí Santana, interviene en el pleno del Parlamento de Canarias EFE/Ramón de la Rocha

La secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha asegurado que el proyecto de Ley Reguladora del Estatuto de las Personas que ocupan Cargos Públicos y Buen Gobierno es un texto “light y descafeinado”. “Solo maquilla, y el resultado es muy frustrante”, ha remachado.

Por tal motivo, al Grupo Parlamentario Podemos Canarias no nos dejan otra salida que presentar esta enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno”, pues la Ley, tal y como ha llegado a la Cámara regional, “tiene un bonito nombre pero un mal resultado”.

“Es un buen envoltorio, pero con un mal contenido pues no cumple, ni de lejos, con los requisitos de transparencia y de control de altos cargos que para Podemos serían imprescindibles”, ha asegurado.

Descontrol de los currículums y titulaciones

La máxima dirigente de Podemos Canarias ha incidido en que, “casualmente, se han olvidado de algo que hubiera sido imprescindible a estas alturas, y más viendo lo que está sucediendo últimamente”, pues “no hay mecanismos para el control de los currículums y las titulaciones”.

“Esta Ley no cambia nada, solo sirve para decir que tienen una Ley de buen gobierno, pero no es la herramienta útil”, ha insistido.

Santana ha señalado asimismo que “del proyecto original” que se comenzó a elaborar en 2015 “han descafeinado algo fundamental, y es que prohibía las puertas giratorias”, lo que demuestra que el texto “lo han redactado pensando en su salida del Gobierno, ya que así algunos consejeros cuando acaben su mandato podrán irse a un consejo de administración de la empresa privada sin ninguna dificultad”.

Así, el tenor del artículo 36.3 del anteproyecto de Ley relativo a las incompatibilidades para la reincorporación a empresas privadas con posterioridad al cese ha quedado claramente atemperado en el artículo 42 del proyecto de Ley, facilitando y creando un espacio normativo para la circulación de los altos cargos entre los sectores públicos y privado.

También ha afirmado que la Ley “deja en manos de un reglamento posterior, que debe elaborar el propio gobierno, que los actuales altos cargos presenten sus declaraciones de actividades, bienes, intereses y obligaciones patrimoniales”, por lo que “si no elaboran ese reglamento, esta ley quedaría en papel mojado”.

Puro maquillaje

“Da la sensación de que lo tienen todo muy bien pensado para hacer una Ley que maquilla, pero no cambia nada de forma sustancial y deja en manos de los mismos altos cargos controlar y sancionar a otros altos cargos”, ha insistido Santana.

Además, ha considerado “lamentable que la Ley no fije no limitación de mandatos o que no se limite la acumulación de cargos”.

Entre los motivos que se incluyen en la enmienda a la totalidad, se incide en que el proyecto de Ley “se presenta como un traje hecho a medida del Gobierno de Canarias”, confeccionado durante un periodo de tiempo de más de dos años y en el que “se perpetúan comportamientos que generan la desafección y desconfianza ciudadana que supuestamente se pretende combatir”.

Para la formación morada, el texto legislativo debería incluir un sistema de integridad institucional, normas y procesos que eviten las conductas que atentan contra la ética pública, tales como códigos éticos, un sistema de consultas para problemas o dilemas éticos (comités de ética), otro de denuncias de casos de corrupción, fraude, abusos o ineficiencias, así como de detección e investigación de conductas irregulares o administración de encuestas de clima ético ente los empleados públicos.

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