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NC y la Fundación César Manrique creen que la Ley del Suelo entierra "el proyecto común" de Canarias

El partido político y la institución cultural y ambientalista consideran que la iniciativa impulsada por Fernando Clavijo "echa por la borda más de 25 años de lucha y trabajo"

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El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez. EFE/Cristóbal García.

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez. EFE/Cristóbal García.

Nueva Canarias (NC) y la Fundación César Manrique han coincidido en que la Ley del Suelo impulsada por el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, "compromete seriamente el futuro de Canarias".

El presidente de los nacionalistas, Román Rodríguez, comparte con la institución cultural y ambientalista sin ánimo de lucro de Lanzarote la apreciación de que el anteproyecto de ley genera "inseguridad jurídica, desregula y apuesta por un modelo desarrollista". “Ambos pensamos que, con esta propuesta legislativa, se renuncia al proyecto común de Canarias y a décadas de trabajo por la sostenibilidad del territorio y del medio ambiente” de las islas, según Rodríguez.

El presidente de NC; el portavoz parlamentario adjunto, Luis Campos; la diputada de NC  Gladys Acuña, y el secretario de Organización de NC de Lanzarote, Armando Santana, mantuvieron este viernes una sesión de trabajo con el presidente y con el director de Actividades Fundacionales de la Fundación César Manrique, Juan José Ramírez y Fernando Gómez Aguilera, respectivamente, en su sede de Tahiche.

Rodríguez aseguró que la iniciativa de Clavijo “echa por la borda más de 25 años de lucha y trabajo” por la preservación del territorio y del medio ambiente, puesta “al servicio de los intereses generales y de la mayoría social” del Archipiélago. "La fundación y NC pensamos que se renuncia a un proyecto común de Canarias,” precisó.

Para ambos, añadió, con la práctica eliminación de las directrices y de los órganos de seguimiento y control, se facilita la “descohesión” del modelo territorial para crear 95 modelos distintos, 88 municipales más siete de los cabildos insulares.

Trasladar todos los ámbitos de responsabilidad a las administraciones locales “en términos técnicos, es imposible” ya que, en la actualidad y con menos competencias, muchos de los municipios de la comunidad necesitan del Gobierno, a través de la empresa pública Gesplan, para elaborar sus planes generales de ordenación. “Esta reflexión, junto con que no habrá más seguridad jurídica ni simplificación y que se apuesta por el desarrollismo son argumentos que compartimos”, indicó Román Rodríguez.

También la fundación, tal y como afirmó, está en contra de los elementos desreguladores. Los principales están contenidos en el artículo 124 y siguientes, que permiten construir cualquier tipo de proyecto público o privado, en cualquier categoría de suelo salvo el rústico de protección ambiental, sólo con que se declare de interés insular o autonómico. Lo que se traslada además al artículo 155 relativo a las ordenanzas municipales e insulares, con las que se dotan de unas normas urbanísticas hasta que se aprueben los planes generales. Sin olvidar que, “con el pretexto de los muros de los agricultores, se desregula” el suelo rústico, para “dar cabida a cualquier tipo de actividad,” previno el dirigente de NC.

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