Ordenan el embargo a 17 ex consejeros de Inalsa
El juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el embargo preventivo de las propiedades de 17 miembros de los consejos de administración de la empresa pública de aguas, Inalsa, entre julio de 2007 y junio de 2009, cuando la empresa entró en concurso de acreedores con una deuda de más de 40 millones de euros.
Los administradores concursales de la empresa habían pedido el embargo de los bienes inmuebles, así como de los sueldos y las cuentas corrientes, aunque a esto último no ha accedido el juez. El embargo se realiza por si finalmente se califica el concurso de acreedores como culpable, es decir, que se demuestra que se llegó a la situación de quiebra por responsabilidad directa de los administradores.
El juicio se celebró el 27 y 28 de junio pasados. Los administradores concursales consideran que la empresa estaba en quiebra desde enero de 2007 y que los consejos de administración tenían que haber solicitado antes el concurso de acreedores. El juez considera, por lo tanto, que hay indicios de que la quiebra de Inalsa se produjo por culpa de los miembros de los consejos de administración. Si el concurso de acreedores no se declara culpable no tendrán que responder con sus bienes, finalmente. La decisión se puede recurrir ante la Audiencia Provincial.
La medida afecta a dos consejos de administración, el que formaron miembros de CC y PSOE hasta julio de 2007 y el que formaron miembros de PSOE y PIL hasta junio de 2009. Los consejos de administración tendrán que responder con sus bienes por una cantidad de 1,9 millones de euros.
Entre los políticos afectados por esta medida se encuentran algunos en activo, como la recién elegida Consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Inés Rojas(CC), el portavoz del PSOE en el Parlamento, Manuel Fajardo, el alcalde de Haría, José Torres Stinga (CC) o el Consejero de Industria del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín (CC).
También están afectados el ex alcalde de Tías y actual concejal, José Juan Cruz (PSOE), el ex alcalde de Teguise, José Dimas Martín (PIL), el ex parlamentario Mario Pérez (CC), el secretario insular del PSOE de Lanzarote, Carlos Espino, el ex alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla y la ex presidenta del Cabildo, Manuela Armas (ambos del PSOE), la ex consejera de Inalsa, Plácida Guerra (PIL), el ex concejal de Tinajo, Aquilino Romero (CC), el concejal de Tías, Juan Félix Eugenio (PSOE) o el secretario insular del CCN y ex presidente del PIL, Antonio Barambio. La medida también afecta a otros miembros que no han sido cargos públicos, como Iván Rodríguez, Rafael Martín o Feliciano Díaz que estaban en el consejo en representación del PIL.
Recurso
Por otra parte, los consejeros socialistas afectados por la solicitud de embargo han anunciado que recurrirán el embargo de bienes. Carlos Espino, en un comunicado, señala que “las decisiones que adoptamos siempre llegaron al consejo propuestas y avaladas por los responsables técnicos de la empresa pública”.
El PSOE destaca que la medida dictada por el Juzgado estima sólo en parte la solicitud de los administradores concursales, “pues frente a la pretensión de embargar bienes por un montante de 46 millones de euros, el juzgado ha acordado trabar embargos por un importe en torno a los dos millones de euros. Espino dice que ”sorprende la desproporción entre lo solicitado por los administradores concursales y lo acordado por el juez“.
