El PP denuncia que Mogán ha gastado más de 360.000 euros en publicidad y propaganda en año electoral

El grupo de gobierno del municipio grancanario de Mogán, formado por Ciuca, aliado de Coalición Canaria (CC) en los últimos comicios locales, ha gastado en publicidad y comunicación más de 360.000 euros en este año electoral. El Partido Popular (PP) ha precisado que, según la documentación administrativa a la que ha tenido acceso, estos gastos hacen referencia a servicios de publicidad y promoción en diferentes medios de comunicación, así como servicios de apoyo al gabinete de prensa del Ayuntamiento.

Los populares señalan en un comunicado que en esa cifra también se incluyen gastos referidos a la radio y televisión locales, que se han convertido en “un instrumento de propaganda de la alcaldesa” en donde la oposición del municipio “se encuentra vetada”.

El PP recuerda que la última vez que uno de sus representantes pudo intervenir en estos medios municipales fue en diciembre de 2017.

La formación conservadora remarca además que este gasto “reiterado” podría estar incumpliendo la nueva ley de contratos del sector público, ya que su cuerpo normativo obliga a que se inicien los correspondientes procedimientos de contratación en aquellos casos en los que el objeto que motiva el gasto administrativo “se repita de forma continua” en la administración.

“Tal es el caso, pues al revisar los conceptos de las facturas se puede comprobar cómo se contratan inserciones publicitarias en medios y gastos en asistencia en materia de comunicación”, señala el PP, que reclama al interventor municipal que examine y revise esos gastos para valorar si son legales o no lo son.

Para el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Maicol Santana, se trata de “un auténtico despilfarro”, máxime si se tiene en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el Ayuntamiento, que recientemente tuvo que aprobar una modificación de presupuesto de más de siete millones de euros tras haber agotado los créditos para gastos como el alumbrado público, la telefonía, el agua o para la ejecución de obras “de vital importancia” en el municipio.

El PP recuerda que la alcaldesa, Onalia Bueno, aprobó esta modificación “haciendo caso omiso” a las advertencias del interventor municipal, que alertó de que la corporación corría riesgo de disolución. Para Maicol Santana, la regidora, con su mayoría de gobierno, “ha enfilado una carrera suicida hipotecando la salud económica del municipio y poniendo en jaque la prestación de los servicios públicos municipales y las nóminas de los trabajadores”.