El PP se apunta a la “inmediata destitución” de Negrín al frente de RTVC

El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín. (EFE/CRISTÓBAL GARCÍA)

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife —

La decisión del presidente de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, de “seguir adelante con su intención de arrogarse las competencias para sacar el pliego del concurso de informativos en contra de la mayoría” del Parlamento de Canarias ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del Grupo Popular, que ahora ya sin ambigüedades considera que este nuevo “desafío” del máximo responsable del ente “justifica su inmediata destitución”.

Así lo ha asegurado la portavoz de los conservadores en la Comisión de Control de RTVC, Luz Reverón, que ha pasado de su endeble “debe usted irse” dirigido a Negrín el pasado 21 de julio en la Cámara regional a asegurar que “no llegará al 30 de septiembre al frente de la RTVC”.

“Algo no huele muy bien en su forma de proceder, por lo que adoptaremos las medidas oportunas para frenar tal despropósito”, remachó Luz Reverón.

La reacción del PP ha sido aplaudida por el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, para quien la decisión unilateral de publicar los pliegos del concurso “es casi un desacato al Parlamento” por parte de Negrín, “y es una razón más para echarle”. “NC reitera su compromiso publico de promover su cese como presidente y consejero”, apostilló el también portavoz parlamentario de NC.

Para Rodríguez, “lo que ha hecho Negrín es el verdadero motivo por el que CC y el Gobierno lo pusieron ahí”, pues insiste en que el presidente de RTVC “es un mero títere de las decisiones que acuerdan el presidente Fernando Clavijo, Daida Rodríguez y el viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, que es el verdadero muñidor de todo este montaje para dar los informativos a sus amigos”.

Una tesis en la que incide el portavoz socialista, Ignacio Álvaro Lavandera, para quien “Negrín no haría nada de esto si no recibiera instrucciones directas de Clavijo, un presidente en minoría que quiere afrontar el nuevo curso político con huidas hacia adelante y la necesidad de asegurar que RTVC sigue siendo su chiringuito y su finca particular”.

Según Lavandera, la decisión del presidente de RTVC “crea inseguridad jurídica”, pues los otros dos consejeros del ente, María Lorenzo y Alberto Padrón “ya le advirtieron de que las competencias del contrato de informativos debían residir en el Consejo Rector y no en su presidente”, como ha hecho Negrín.

Un análisis en que también hace hincapié Reverón al afirmar que los Servicios Jurídicos deben emitir un informe sobre la actuación de Negrín pues “es imprescindible que el Gobierno se pronuncie cuanto antes sobre la legalidad de esta decisión ante la posibilidad de que el citado concurso pueda declararse nulo e impugnarse”

Precariedad laboral y reducción de personal

Por otra parte, el portavoz socialista asegura que los pliegos del concurso “fomentan la precariedad laboral y la reducción del personal” al posibilitar que pueda ser subcontratada el 60% de la producción informativa“ y continúa sin garantizar las desconexiones insulares, lo que va en detrimento de un servicio público de calidad acercándose a la realidad de cada isla”.

En parecidos términos, el diputado de Podemos Juan Márquez afirma que “se podrá firmar acuerdos con entidades que están fuera del convenio colectivo de la actual concesionaria, Videoreport, y que por tanto esos trabajadores que normalmente ejercen en las islas no capitalinas o en el sur de Gran Canaria y Tenerife, tendrán peores condiciones laborales que sus compañeros”.

Para el diputado de la formación morada, los anexos a lo pliegos impulsados por Negrín “no absorben al personal real de los servicios de informativos de RTVC, ya que mantiene una plantilla que no es la original y confeccionada después del ERE”.

“El pliego del nuevo concurso se ha hecho a la desesperada, con total alevosía y sin pasar por el Consejo Rector, contempla menos horas de programación y no tiene en cuenta ni una sola cláusula social. Es un auténtico desastre que seguirá degradando la calidad de la televisión pública del Archipiélago para favorecer a unos cuantos empresarios del sector audiovisual”, concluye Márquez.

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