El PP pide más plazas para trabajos comunitarios
El Parlamento de Canarias debatirá mañana en Comisión una proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, que insta al Gobierno autonómico “a suscribir convenios con otras administraciones o entidades que desarrollen actividades de utilidad pública, con el fin de facilitar a la Administración penitenciaria plazas disponibles de trabajos en beneficio de la comunidad”.
La propuesta, presentada por el diputado Emilio Moreno, apunta que estos convenios “habrían de cubrir la totalidad del Archipiélago, tanto en su modalidad de cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública, como en la participación por el penado en talleres o programas formativos de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual u otros similares”.
Según reza el texto, se mostraría el interés del Gobierno de Canarias “en ofrecer una cobertura satisfactoria y de colaboración plena en dicha materia y se estaría facilitando el cumplimiento de los fines de reinserción y rehabilitación que se persigue con las penas”.
El PP recuerda en un comunicado que comunidades autónomas como la Xunta de Galicia o el Gobierno de Aragón ya han suscrito con el Ministerio del Interior estos convenios de colaboración.
Reforma del Código Penal
La última reforma del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, supuso una ampliación del contenido de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad en lo que a su contenido estricto se refiere.
Junto a la prestación por el penado en la cooperación voluntaria no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública se prevé su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
Sobre esta base, el Real Decreto de junio refleja esta ampliación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad que ya no verá limitada su aplicación a la prestación exclusiva de actividades no remuneradas de utilidad social sino que cabe la posibilidad de “la eventual participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación de contenido y proyección plural ?laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, no restringidas, como hasta ahora, a la seguridad vial”.
El citado Real Decreto dispone que el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local por lo que, a tal fin, podrán convenios como el que es objeto de la proposición no de Ley que se debatirá mañana, debiendo remitir mensualmente a la Administración penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
