El PSC acusa al Gobierno canario de crear dependientes ''de segunda''
La diputada regional del grupo Socialista Francisca Luengo acusó este viernes al Gobierno de Canarias de crear “dependientes de segunda” y retó al Ejecutivo a que aporte 12 millones de euros de fondos propios como apuesta por la ley de dependencia y para demostrar que se preocupa “por los que sufren”.
Francisca Luengo critica en un comunicado al Gobierno regional por atender “una cantidad mínima de personas” dependientes mientras que otras comunidades autónomas con la misma población que las islas reciben mucha más financiación, ya que el esfuerzo realizado “es cinco veces mayor que en Canarias”.
Luengo destaca “el importante esfuerzo económico” hecho por el Gobierno central que, en momentos de crisis, no detrae “ni un solo euro de los fondos de la dependencia, al contrario”.
La diputada explica que además del incremento en 300 millones de euros para esta ley en relación al presupuesto del año pasado, se ha elevado para 2009 hasta los 1.554 millones, un 79% más, y ahora se añaden 400 millones extra.
A su juicio esta decisión muestra que el Gobierno central “apuesta y se implica con las personas en situación de dependencia y sus familias, al contrario que el Gobierno de Canarias, que sólo denota indiferencia y desprecio”.
Luengo detalla que de esos 400 millones al margen de los presupuestado para este año y que se suman a los 1.159 que hay para la dependencia, Canarias va a recibir 12.901.000 euros porque hay una cantidad fija para todas las comunidades según criterios acordados con ellas.
La diputada entiende que es en este punto donde esta ley deja en evidencia al Gobierno regional “y le saca los colores”, pues comunidades con la misma población que Canarias como el País Vasco o Castilla-La Mancha van a recibir 19 y 21 millones de euros, respectivamente, por el número de dependientes que atienden, un 5'6 y un 5'9% cada una.
Sin embargo,la cifra de atendidos en las islas es de 1'79%, lo que a su juicio crea diferencias que hacen afirmar “que los dependientes de Canarias son considerados por su propio Gobierno dependientes de segunda”.
“Es evidente que el Ejecutivo regional muestra su peor cara en la gestión de las necesidades de los dependientes, a los que además perjudica”, añade Luego.
Por ello pide al Gobierno canario “que se implique de una vez en la aplicación de esta ley y en el uso de los recursos, transfiriendo los fondos a los cabildos y ayuntamientos”.
También demanda a la Consejería de Bienestar Social que aporte fondos propios para crear servicios nuevos “y deje de dar las excusas de siempre a las familias mezclando los planes sociosanitarios, que nada tienen que ver con la ley de dependencia”.
