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El PSOE coloca en Justicia a una ex alto cargo del PP que fue investigada por corrupción

Lourdes Quesada, esposa del fiscal jefe de Las Palmas, estuvo imputada por los concursos de ambulancias y de hemodiálisis del último Gobierno CC-PP

La funcionaria destituida al salir el PP del Ejecutivo en octubre de 2010 se hace cargo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia

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María Lourdes Quesada Díaz, secretaria general del Servicio Canario de Salud.

Lourdes Quesada, nueva directora general de Justicia.

Las relaciones del nuevo Gobierno de Canarias formado por CC y PSOE con la Administración de Justicia en el Archipiélago quedarán en manos de una ex alto cargo del PP que en 2011 fue investigada por sendos casos de presunta corrupción en el mismo seno del Ejecutivo, durante la última alianza entre Coalición Canaria y PP hasta octubre de 2010.

El PSOE, al que corresponde el departamento de Presidencia, Justicia e Igualdad, ha colocado al frente de la Dirección General de Justicia a Lourdes Quesada, esposa del fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, una funcionaria que durante su etapa como secretaria general del Servicio Canario de Salud estuvo imputada por los escándalos en los concursos públicos de los servicios de ambulancias y de hemodiálisis.

Este último caso, más conocido por el nombre de la empresa sin conocimientos técnicos previos ni solvencia que ganó en primera instancia la adjudicación pública, Lifeblood, quedó archivado provisionalmente con evidentes sospechas de tráfico de influencias al figurar como tapado de la empresa adjudicataria el abogado Javier Artiles Camacho, a la vez asesor de la consejera de Sanidad de entonces y nueva senadora del PP por la Comunidad Autónoma, Mercedes Roldós.

Del mismo modo, en el caso ambulancias la nueva directora general estuvo imputada junto a su colega y exgerente del Servicio Canario de Salud, Guillermo Martinón, el actual subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, y otros seis miembros de la Mesa de Contratación de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), por adjudicar lotes bajo sospecha a licitadoras insolventes y sin experiencia como Iscan, ligada a una ONG, Mundo Nuevo, relacionada en su día con Coalición Canaria.

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