Pacto por el empleo en el área metropolitana de Tenerife

La larga crisis económica ha provocado que el nivel de desempleo en Canarias roce el 30%, lo que ha llevado a la puesta en marcha de la Plataforma Metropolitana para la aplicación del Pacto Social por la Economía y el Empleo en Tenerife, que une a las cuatro corporaciones locales y a los agentes sociales y económicos del área metropolitana de la isla en la aplicación de una serie de medidas que garanticen la protección social de las personas y unidades familiares, el fomento del empleo y las nuevas actividades productivas, además de abrir nuevas líneas de crédito que oxigenen las arcas municipales.

Así los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Tegueste y El Rosario pondrán en marcha cuatro ejes fundamentales relacionados con la intervención sobre el territorio; acciones para dinamizar la economía vinculadas con el impulso de la inversión pública y la liquidez de las administraciones locales y de sus empresas proveedoras; acciones para fomentar el empleo, y por último la protección social y su relación con el consumo familiar.

Este acuerdo ha sido firmado por el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, por el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, por el alcalde de El Rosario, Macario Benítez, por el alcalde de Tegueste, José Manuel Molina, así como por el vicepresidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, José Luis García Martínez, y las secretarias generales de UGT, Lidia Quintana Hernández, y de CC OO, María del Carmen Martínez.

Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz, defendió en rueda de prensa las necesidades de las familias frente a la crisis “pese a la tensión política”, dijo, para “dar una imagen a la población de que todos trabajamos en lo que nos toca”.

Por su parte, Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna indicó que este “es un pacto de continuidad del firmado en Las Palmas en el mes de junio, algo inédito en el que participaron los 88 municipios de las islas, los 7 cabildos y los sindicatos. En su opinión, estos grandes gestos ”sí han tenido continuidad y calado en la población, con independencia de las tensiones políticas“.

A su vez, Macario Benítez, alcalde de El Rosario reconoció abiertamente que el principal problema de su municipio y de Canarias es el paro, y añadió que “cuando salgo por televisión se crea una expectativa importante porque mucha gente cree que se va a solucionar el problema”, por eso “esperamos arrimar el hombro para que el compromiso se haga realidad”.

José Manuel Molina, alcalde de Tegueste, subrayó la “necesidad de unión” para salir adelante al tiempo que resaltó las acciones sobre el territorio especialmente importantes en zonas rurales.

Para el responsable de la CEOE, José Luis García Martínez, “sobran las palabras ante la necesidad de pasar a los hechos”, de manera que “la unión entre administraciones públicas y agentes sociales y sindicales son una clave válida para mirar al futuro y no para unir la cuenta de resultados”.

Carmen Martínez, secretaria general de la Unión Insular de Tenerife de CCOO manifestó que la firma de este acuerdo ha sido un ejercicio de responsabilidad, y resaltó el valor del diálogo social como un mecanismo de espacios donde converger así como la coordinación entre administraciones públicas.

Por último, Lidia Quintana, secretaria general de la Unión Insular de Tenerife de Comisiones Obreras, indicó que las acciones contenidas en el Pacto Social por el Empleo son “principios rectores para comarcalizar un pacto regional, para ir de lo universal a la aldea, en la búsqueda de ejes dónde converger”. Quintana reconoció que el índice de paro en Canarias roza el 30 por ciento de la población, por eso uno de los puntos fuertes del pacto es el que hace referencia al empuje de la agencias de desarrollo local para que “actúen de intermediarios en la creación de empleo”.

Cuatro ejes

El Pacto Social por la Economía y el Empleo en Tenerife se cimenta en cuatro ejes: acciones sobre el territorio; dinamización de la economía y financiación de la inversión; acciones sobre el empleo; y acciones de protección social.

En este contexto, las acciones sobre el territorio están encaminadas a “utilizar la posibilidad de modificar puntualmente los planes generales de ordenación municipal sin necesidad de contar con planes nuevos, de manera que su tramitación sea lo más rápida posible, en especial si las modificaciones en el planeamiento están orientadas a la creación de infraestructuras educativas, de dependencia, equipamiento o actividades de economía sostenible.

Respecto a la dinamización de la economía y financiación de la inversión, los firmantes del acuerdo solicitarán al Gobierno de Canarias el incremento en un 25% de las cantidades asignadas por el Gobierno estatal a la financiación de obra pública municipal; también pedirán al Gobierno autónomo la apertura de una línea de avales que permitan el acceso al crédito para que las administraciones locales puedan abonar sus deudas pendientes con proveedores de bienes o servicios.

En relación con el Cabildo de Tenerife, esta segunda iniciativa también se plantea la aceleración del Plan Insular de Infraestructuras, en especial las turísticas vinculadas a la ley del REF, el reforzamiento de las campañas publicitarias de la marca 'Tenerife' en el exterior, así como la participación de los ayuntamientos en el diseño y lanzamiento de las campañas. Además, también solicitarán la generación de equipos de apoyo que agilicen tanto la ordenación territorial como la detección de necesidades sociales. A cambio, los ayuntamientos se comprometen a agilizar los trámites administrativos para facilitar nuevas actividades empresariales.

Empleo y protección

Crear empleo es para los ayuntamientos tinerfeños una prioridad, y en este sentido reforzarán el papel de la agencias de desarrollo local; reforzarán de forma coyuntural las plantillas de los ayuntamientos en la contratación de personal con capacidad para colaborar en la recogida de datos sobre ordenación del territorio, estado de la planta alojativa, y necesidades sociales y formativas. Además se tendrá en cuenta la fragilidad del sector primario, por lo que se establecerá un plan de empelo específico para los sectores agrícolas y ganaderos. Y por último, los ayuntamientos elaborarán un censo de población por niveles formativos y por edades para facilitar el acceso al empelo.

Las acciones de protección social engloban a su vez una serie de iniciativas como son la elaboración de un censo de familias sin prestaciones sociales susceptibles de acogerse a los mecanismos de inserción previstos en el Pacto Social; censo de familias con todos sus integrantes en paro, quienes en caso de igualdad de condiciones tendrán prioridad a la hora del acceso al empleo; y por último, los ayuntamientos elaborarán un censo de dependientes con el grado legal de dependencia y de cuidadores informales de estos dependientes.

Los firmantes del acuerdo se volverán a reunir en el plazo de un mes para determinar los mecanismos de seguimiento y puesta en marcha del presente plan.