Las Palmas de Gran Canaria suprime las cláusulas sociales de los contratos menores
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias ha decidido no seguir utilizando en los contratos menores o negociados sin publicidad su llamada cláusula social, con la que primaba a aquellas empresas que emplean en sus plantillas a colectivos vulnerables.
El pasado 7 de julio, la Junta de Gobierno del Consistorio decidió que, en sus contrataciones, concedería puntos extra a aquellos licitadores que emplearan en sus plantillas a discapacidados, perceptores de la renta mínima de inserción, parados de larga duración mayores de 45 años, jóvenes provenientes de instituciones de protección, toxicómanos o alcohólicos en rehabilitación, antiguos reclusos o presos en libertad condicional.
Sin embargo, la Junta de Gobierno acaba de dictar una nueva resolución (11 de mayo) en la que declara que ese criterio resulta “inaplicable” para los contratos menores y negociados sin publicidad.
En su lugar, instruye a las oficinas gestoras de los contratos que, al definir su objeto, pongan “de relieve su finalidad social” añadiendo esta coletilla: “fomentando la inserción de personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de estarlo”.
Esta nueva resolución del equipo de gobierno ha sido dada a conocer este viernes por el portavoz del PP, en la oposición, Juan José Cardona, que considera que con ella el tripartido PSOE-Las Palmas Puede-NC da marcha atrás en “uno de los supuestos pilares de su gestión social”
“Este acuerdo de inaplicabilidad pone de manifiesto que la política social de Augusto Hidalgo y su tripartito hace aguas, después de que apenas un año después de su puesta en marcha, se dé la paradoja de que ellos mismos han de suspenderla por ir en contra de los preceptos contenidos en la legislación de contratos del sector público”, sostiene el portavoz popular.
Sin embargo, el PP considera que esta nueva resolución va a tener “poco o ningún efecto”, porque, según sus datos, el Consistorio no ha publicado “ni una licitación” que incluyese “las cláusulas sociales y de defensa de los trabajadores que Podemos anunció ”a bombo y platillo durante la campaña electoral“.
“Se demuestra una vez más que este es un gobierno de cartón piedra”, opina Cardona, que denuncia que “ni siquiera en el contrato más cuantioso que adjudica el Área de Cohesión Social”, el servicio de ayuda a domicilio, dotado con 17 millones de euros, contiene “ni un solo criterio de valoración sobre derechos laborales ni cláusula social nueva”.
