El Parlamento canario aprueba cambiar la Ley para evitar derribos en núcleos costeros
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este jueves una modificación legal que persigue evitar el derribo de viviendas en núcleos costeros tradicionales que podrían verse afectados por la Ley de Costas, de manera que clasificados como suelo rural pasen a suelo urbano.
Esta proposición de ley fue promovida por los grupos de CC y PP, mientras que el PSOE, que votó en contra al considerar que vulnera la Constitución, defendió que en casos de conflicto por la aplicación de la Ley de Costas debe estudiarse caso por caso para no perjudicar el interés general en el uso del espacio público.
El diputado socialista Manuel Fajardo vaticinó que esta nueva ley canaria quedará paralizada en cuanto el Gobierno central presente el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, al igual que ha ocurrido con una norma similar aprobada en Galicia. No obstante, las enmiendas socialistas al documento, presentadas Fajardo Palarea quedaron sin ser escuchadas, toda vez que apenas diez diputados de CC y PP y el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, permanecieron atentos a las siete propuestas del socialista que no lograron entrar en la proposición de ley.
La ley aprobada, que supone una modificación de las leyes canarias de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos, establece como áreas urbanas todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
También se establecen como urbanas las áreas que comprendan terrenos consolidados por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie si el planeamiento municipal estuviera en vigor, o la mitad de su superficie si no fuera así.
Se determina que “la administración urbanística” fijará el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y establecerá la ordenación de los terrenos.
Además, el Gobierno de Canarias realizará un censo de edificaciones ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección que tengan “valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco” para que puedan ser consideradas en concesiones y autorizaciones.
La diputada del PP Cristina Tavío dijo que esta modificación legal supone “una defensa de los intereses del pueblo canario”, ya que muchas familias “no pueden dormir” desde que hace cinco años el Gobierno central empezó a aplicar de forma “tortuosa, arbitraria y sectaria” la Ley de Costas.
Antes de la llegada del PSOE al Gobierno de la nación se reconocían los núcleos urbanos consolidados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, dijo, pero después los socialistas decidieron demoler esas viviendas.
También acusó al PSOE de aplicar distintas varas de medir en la aplicación de la Ley de Costas según si la propiedad de las edificaciones afectadas es de personas con el carné del partido o no.
José Miguel González, de Coalición Canaria, también denunció el “trato injusto” de la Dirección General de Costas “a una serie de localidades y construcciones históricas”.
Aseguró que esta nueva normativa es constitucional y “defiende los intereses de los canarios” frente a la inflexibilidad de la Dirección General de Costas, “excepto cuando afecta a personas vinculadas al PSOE”.
El socialista Manuel Fajardo dijo que no se puede hacer una ley que trata por igual todos los casos, porque hay edificaciones que tienen cincuenta años y otras muy recientes.
Por eso es preciso “hacer un mapa” para conocer “los puntos conflictivos” y tratar caso por caso.
Recordó que los representantes políticos tienen la obligación de “defender lo público” y por eso no se puede tratar de la misma manera a personas que hacen obras en dominio público y que en todo caso tienen la vía judicial para defenderse.
“Estamos de acuerdo en negociar y hablar con las familias, que se den concesiones a los que tienen derecho, caso por caso, núcleo a núcleo”, afirmó Fajardo.
