El Parlamento canario da un revolcón al presidente del Cabildo de Tenerife con la Ley Plasencia

El Parlamento de Canarias ha dado un fuerte varapalo al Cabildo de Tenerife, presidido por el nacionalista Carlos Alonso (CC), al no admitir a trámite la ley promovida por la corporación insular gracias a la cual la Comunidad Autónoma podría ser la responsable final de reparar los daños medioambientales por los que fueron condenados los empresarios Antonio Plasencia (ex presidente de Fepeco y también enjuiciado por el caso Las Teresitas), José Enrique Morales y Pedro Sicilia.

La condena a un año y tres meses de prisión a estos empresario por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar, fijaba expresamente que ellos deben hacerse cargo de las “medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico” en la zona, para lo que las administraciones deberán realizar un plan de restauraciones.

Sin embargo, el texto rechazado por el Parlamento (ASG se abstuvo y CC votó a favor) considera que “la problemática de ese espacio tiene una dimensión autonómica, que excede lo municipal y lo insular”, motivo por el que el Cabildo tinerfeño considera que el Gobierno deberá hacer el desembolso económico.

No sirvieron de nada los esfuerzos que el propio Carlos Alonso, y el consejero socialista Miguel Ángel Pérez hicieron desde la tribuna de oradores para convencer a los diputados.

“Tiene este Parlamento la posibilidad de aprobar una Ley, no la del Cabildo, sino la que ustedes quieran. En esos hoyos cabe todo, pero no la intransigencia. Llenémoslos con diálogo y consenso”, dijo Alonso.

“Aunque voten en contra, sigan trabajando por el beneficio de Güímar”, dijo el socialista Pérez antes de reconocer que “me voy con una sensación agridulce” al comprobar que los diputados del PSOE iban a votar en contra de un texto apoyado por los propios consejeros insulares socialistas en el Cabildo.

Y es que Alonso insistió, sin convencer a los 37 diputados que votaron en contra, que serán los condenados los que pagarán la restauración de los arrasados barrancos de Güímar, pero que eso no podrá pasar si la Ley no lleva a cabo el plan ad hoc para ello.

Responsable, el Parlamento

“A partir de ahora el Parlamento se olvidará de Güímar y sus ciudadanos comprobarán cómo se volverán a extraer áridos. El Cabildo ha hecho un trabajo muy serio y no será responsable de lo que ocurra a partir de ahora, lo será en primer lugar el Parlamento, que no ha querido tramitar la posibilidad de que en ese espacio no pueda haber nada que no sea extracciones”, aseguró Alonso en los pasillos de la Cámara regional tras ser derrotada su iniciativa.

En parecidos términos, el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, afirmó que “lo que procede es que los condenados paguen por lo que han hecho y, por tanto, la Audiencia Provincial debe ejecutar cuanto antes la sentencia”.

“Esta Ley era una oportunidad para poder a empezar a estudiar un texto, mejorable en muchos aspectos, para garantizar que ni un euro público se destinara al ámbito que hay que restaurar, que debe ser responsabilidad de quienes han causado tanto daño a Güímar”, insistió Ruano.

Inconstitucional y perjudicial

No lo tenían tan claro los portavoces del PSOE (Gustavo Matos), el PP (Cristina Tavío), Podemos (Concepción Monzón) y NC (Román Rodríguez), pues todos ellos recordaron que hasta el propio Gobierno canario puso reparos al texto del Cabildo tinerfeño.

Como ya publicó Canarias Ahora en octubre de 2016, diversos informes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, la Dirección General de Planificación y el servicio administrativo de Política Territorial aseguran que la propuesta legislativa es “un uso de un instrumento legal de manera excesiva para la ordenación de un territorio concreto” que puede dar lugar a “reclamaciones económicas en un futuro”.

Por su parte, la Dirección General de Industria y Energía, consideró que el texto es “manifiestamente inconstitucional y gravemente perjudicial para los intereses económicos y el desarrollo futuro de la propia Comunidad Autónoma de Canarias y para su Administración”.

La propia Consejería de Hacienda afirmó en su momento que “de la materialización de sus propósitos normativos se podrían derivar impactos presupuestarios”, además de considerar “preocupante la falta de informes jurídicos sobre la existencia de derechos subjetivos cuya lesión pudiera dar lugar a posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos legislativos y, en su caso, las valoraciones económicas que procedan”.

Incluso el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) cifró en 344.9 millones de euros “la restauración y ordenación del espacio hasta ahora ocupado y afectado por las extracciones de áridos, la recuperación de los valores ambientales que lo caracterizaban, en especial los paisajísticos, asií como la pervivencia de las actividades agropecuarias que en ese ámbito se desarrollan, con desaparición de las actividades extractivas mineras”.

Sin embargo, la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, afirmó en sede parlamentaria el pasado mes de noviembre que “es imposible cuantificar el plan de restauración de los barrancos de Güímar ni los derechos patrimoniales a reconocer”.

Rodeando la prevaricación

Todos estos motivos fueron expuestos durante el debate para rechazar la propuesta del Cabildo de Tenerife. El líder de NC, Román Rodríguez, afirmó en la tribuna de oradores que “no entendemos que el Gobierno de Canarias no haya paralizado la Ley tras informes negativos tan contundentes”. “El Gobierno, rodeando la prevaricación, ha dado vía libre para tramitar esta norma”, remachó.

“No sabemos dónde está el Gobierno, pues esta Ley puede condicionar los Presupuestos de Canarias de los próximos años”, incidió por su parte la conservadora Tavío.

Con todo, la portavoz del PP insistió en que la ciudadanía güimarera quiere que se puedan dar usos no mineros a los barrancos, por lo que anunció que “propondremos la creación de una comisión estudio en el Parlamento para resolver las dudas técnicas y jurídicas”, toda vez que “solo encontrando un uso a los hoyos y socavones se permitirá su restauración”.

Por su parte, la diputada Concepción Monzón (Podemos), insistió en que “empresarios sin escrúpulos han generado un gran daño al medioambiente de Güímar”, mientras que la iniciativa promovida por el Cabildo y aceptada por CC podría suponer son los que los condenados por delito ecológico no pagaran sino que se podrían abonar indemnizaciones millonarias.

Finca particular

“Lo que ha pasado en Güímar es el resumen de los últimos 30 años de historia en Tenerife, donde el poder económico y el político se mezclaron para hacer de la isla su finca particular y tratar a los habitantes como inquilinos a los que se les daba a espalda”, argumentó el socialista Gustavo Matos.

Para el portavoz del PSOE, “estamos hablando probablemente del mayor atentado ecológico de la historia de Canarias, es algo brutal” que debe ser pagado por los condenados y no por los ciudadanos, mucho menos por los de Güímar, a quienes anunció “una interpelación con propuestas concretas para dar salida a la restauración de los barrancos”.

“Cuando una iniciativa se sabe que está abocada al fracaso, se está jugando con la ilusión de los ciudadanos, y eso es lo que han hecho algunos en Güímar”, concluyó Matos.

Ahora, tras el revolcón parlamentario al Cabildo tinerfeño, esta institución y la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias deberán elaborar de forma conjunta un plan de restauración.