La oposición insiste en que ve arbitraria la Ley de inversiones estratégicas
Los grupos Popular y Mixto arremetieron este martes contra el proyecto de Ley de tramitación preferente de inversiones estratégicas para Canarias por entender que es arbitrario y deja a la mano del Ejecutivo decidir quién invierte, mientras que CC y PSC defendieron que acorta los plazos de los proyectos y da cabida a la opinión de cabildos y ayuntamientos.
Las divergencias de parecer sobre el citado proyecto de Ley se produjeron durante el debate en comisión del dictamen correspondiente, que fue aprobado con el voto de los grupos que apoyan al Gobierno regional, y que a su vez rechazaron las enmiendas presentadas por el PP y por Nueva Canarias.
Al respecto, el diputado popular Miguel Jorge Blanco recordó que en su momento se presentó una enmienda a la totalidad por considerar el PP que este proyecto de Ley es “innecesario, impreciso, va contra el interés general y la igualdad de oportunidades, genera discrecionalidad y posiblemente arbitrariedad por parte del Gobierno de Canarias para elegir qué inversiones considera estratégicas y cuáles no”.
“Con este proyecto se da un falso ropaje de legalidad a algo que creó el Gobierno canario, el comité de inversiones estratégicas, al que acuden promotores que ven sus proyectos retrasados y que en virtud de la decisión del presidente ven que pueden avanzar más”, recriminó Blanco.
Por ello, el PP defendió en sus enmiendas que no sea el citado comité “o la mano del presidente” quien decida qué inversiones van a primera división y cuáles van a segunda, sino que se establezcan unas estrategias “claras”.
De tal manera serían estratégicas las inversiones en sectores como turismo, energía, agricultura, ganadería y pesca, tratamiento de residuos, internacionalización de la economía, infraestructuras de telecomunicaciones, obras en carreteras, puertos y aguas y proyectos de alto valor añadido.
El portavoz del grupo Mixto por Nueva Canarias, Román Rodríguez, afirmó que está totalmente en contra de la filosofía que sustenta este proyecto, y que en su opinión se basa en culpar a lo público de los problemas de la economía privada, y acusó al Ejecutivo autonómico de hacer “proliferar” leyes que lo que hacen es “crear confusión”.
Esta norma contribuye a lo contrario de lo que pretende generar, inseguridad jurídica, pues trata de forma diferente a los ciudadanos, añadió Rodríguez, quien expresó su sospecha de que esto se hará en función de su capacidad de influencia.
El proyecto consagra la desigualdad al autorizar al Gobierno a que se arrogue una capacidad de discrecionalidad arbitraria para decidir qué inversiones son estratégicas en función del interés político “de turno”, agregó el portavoz del grupo Mixto.
Con sus enmiendas, continuó Rodríguez, pretende que en todo caso las inversiones no las decida el Gobierno sino el Cabildo y ayuntamientos afectados.
También propuso Nueva Canarias que no se puedan reducir los plazos de participación ciudadana establecidos en la ley de ordenación del territorio, que a su juicio “se cepilla” el Gobierno de forma “incoherente” con su discurso medioambiental.
El portavoz del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, recordó que en Canarias ha habido discrepancias entre varios ayuntamientos afectados por el trazado de líneas eléctricas, pero luego “todo el mundo protesta cuando falla la luz”, y ahora el Gobierno evaluará el interés estratégico de un proyecto determinado con la participación de cabildos y municipios.
Lo que cambia este proyecto de ley es que se acortan los plazos de tramitación pero “no se acortan los derechos de la población”, fundamentalmente en el apartado medioambiental, respondió Barragán en alusión a Nueva Canarias.
Con ello se consigue que una vez adoptado un acuerdo de inversión también se acorten los plazos de tramitación al proyecto correspondiente por parte de la administración local e insular, añadió.
El portavoz nacionalista defendió que la intención del Gobierno es que los proyectos sean ágiles y advirtió de que las leyes no se elaboran “para hacer el tonto, sino para que las cosas queden claras”, por lo que acusó a Román Rodríguez de tener el discurso de Podemos cuando le interesa y cuando no, el del insularismo.
Para el diputado del grupo Socialista Emilio Mayoral no es verdad que este proyecto de ley “se dedique a sembrar dudas” y subrayó que no va a existir ningún tipo de discriminación, pues lo que pretende es agilizar proyectos estratégicos en respuesta “a un clamor popular, el del sector empresarial”
