Pedro Quevedo pide el apoyo del Congreso para finalizar la carretera de La Aldea
El diputado de NC en el Congreso, Pedro Quevedo, ha solicitado este miércoles el apoyo de la Cámara baja para que se habiliten los 195 millones de euros necesarios para acometer el tramo de El Risco a Agaete. Además, el político nacionalista ha anunciado otras iniciativas a favor de la reforma del sistema electoral y de la financiación autonómica además del techo de gasto.
Pedro Quevedo ha registrado una proposición no de ley con la que se pretenden solventar los “continuos incumplimientos” del convenio de carreteras firmado entre Canarias y el Estado, lo que ha provocado un retraso “considerable” en la ejecución del proyecto de La Aldea a Agaete.
El diputado recordó que el primer tramo de La Aldea a El Risco tiene la financiación necesaria para su finalización en 2017, aportada por el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno canario y otros 26 millones de euros consignados en los presupuestos estatales en vigor. Sin embargo, el segundo tramo, que se desarrolla entre El Risco y Agaete requiere de una inyección económica de 195 millones de euros.
El portavoz de NC insistió en que la ejecución de este segundo tramo salvaría una de las zonas más peligrosas del trazado, el acantilado de Faneque, que, tal y como ha recordado, ha visto restringida la circulación por su enorme desnivel y los continuos y peligrosos desprendimientos producidos por la lluvia y el viento.
Por ello, Quevedo reclama que el Gobierno estatal arbitre las medidas que posibiliten la asignación de esta partida y reiteró la importancia de finalizar el proyecto ya que se trata de un municipio que vive “momentos muy complicados” por el elevado nivel de desempleo; los graves problemas de su principal actividad económica, el tomate, que junto al plátano, menos relevante; son “casi las únicas” actividades productivas de La Aldea.
Por otro lado, el político canario anunció que, tras la reunión de la ejecutiva nacional de NC del próximo sábado, presentará otras propuestas destinadas a impulsar la reforma electoral y del sistema de financiación autonómica además de la regla del techo de gasto autorizado a las administraciones públicas.
