Pérez: ''La dejadez del Gobierno ha multiplicado por cien Tebeto''

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Santiago Pérez, ha responsabilizado hoy al Gobierno de Canarias de que “por su dejadez” la sentencia del denominado 'caso Tebeto' obligue al pago de una indemnización 102 millones de euros, “cien veces superior a la que valían los recursos mineros que se querían explotar”, según indicó y después de que ayer el Ejecutivo hiciese público un informe que cifra el valor de los terrenos en 1,5 millones aproximadamente.

Pérez explicó que su partido tiene en su poder un informe que daba a los terrenos una cuantía que oscilaba entre 1,2 y 6 millones de euros. Así, anunció que “en la medida de las posibilidades”, su partido estudia acciones ante los tribunales para evitar el pago de lo que denominó como “fraude a los contribuyentes”. Además precisó que prefiere ser cauto en este punto ya que “no le gusta tocar música de oídas”.

El diputado socialista también subrayó que “habrá que hablar del juez y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero no ahora”. Igualmente, evitó profundizar ya que estimó oportuno incidir en la “responsabilidad” del Gobierno regional. “El Gobierno reconoce que se dejó ganar”, dijo.

El socialista dijo que el PSOE no dejará que el Gobierno haga valer “premisas falsas” sobre el caso “para darle la vuelta a la realidad”. Apuntó que es falso que sea la familia Bittini quién tenga que demostrar que en Tebeto había recursos de traquita “aprovechables”. Planteó que el único informe sustentado en sondeos en la zona data de 1982 elaborado por el ingeniero Varona y establecía la existencia de traquita en bloque como “muy remota” en Tebeto.

El socialista recordó que la familia Bittini fundamentó sus aspiraciones el informe pericial del ingeniero López “que nunca fue contradicho por el Gobierno”. “Nadie cuestionó que se evaluaba la Montañeta de Tebeto en 92 millones de euros durante el proceso judicial”, prosiguió Pérez. “El tribunal se agarra a que está consentida por las partes”, afirmó para manifestar que el informe pericial correspondía a una “amplísima superficie de investigación”, pero que “el permiso para las extracciones mineras era para una parte pequeña de la zona”.

Por todo ello, Pérez concluyó que la diferencia entre una indemnización de 100 millones y otra de uno se encuentra en “un Gobierno de Canarias pésimo”. Asimismo subrayó que el recurso de casación presentado por el Ejecutivo “no es un nuevo pleito”. Asimismo subrayó que el informe con la nueva tasación del Gobierno “llega extraordinariamente tarde”.

Vía extraordinaria

Pérez dijo querer tener esperanzas de que se evite el pago a la sentencia y habló de la posibilidad de hablar de una vía extraordinaria una vez que la sentencia sea firme. Este mecanismo, según detalló, se utilizaría para revisar el fallo siempre y cuando aparezcan nuevos hechos o documentos a los que no se tuvo acceso durante el proceso en los tribunales. Aquí puntualizó que “a esta vía no tiene acceso quién pudo y no actuó”.

A su juicio, el Ejecutivo regional se encuentra en un “callejón sin salida”. Rechazó que se quiera trasladar la responsabilidad primero a la socialista Francisca Luengo y ahora al TSJC.

De igual forma, estableció como “hitos” de este caso que en julio de 1994 una Orden de la Consejería de Industria reconociera los derechos de la familia Bittini y que otra resolución de la Dirección General de Industria en 2004 --cuando era consejero Luis Soria, hermano del actual vicepresidente de la Comunidad, José Manuel Soria (PP)-- en la que se dan por buenos los argumentos de la familia cuando ya estaba aprobado el Plan de Ordenación de Fuerteventura que impedía las extracciones.

Camino a Soria

También hizo referencia al reciente cese de la directora general de Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, Pérez planteó que se trata de un “chivo expiatorio” y afirmó que el recurso de casación del Gobierno reconoce que el permiso de 1993 que dependía de la socialista Francisca Luengo “estaba bien hecho” con lo que añadió que se trata de un “cortafuegos” a los planteamientos del PP.

Señaló el diputado que “en Canarias hay demasiados caminos que llevan a Soria”. “Ahí me quedo”, dijo evitando pronunciarse acerca de la posibilidad de que exista un 'caso hermanos Soria'.