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El recurso contra la Ley del Suelo de Canarias pretende limitar "la capacidad de destrucción del territorio"

La intención es que el recurso sea un elemento de transición hasta que sea posible derogar la ley cuando se logre una mayoría parlamentaria que lo permita

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Los miembros de la Plataforma por un Territorio Sostenible y Unidos Podemos, Antonio Pérez (i), Carmen Valido, y Faustino García.

Los miembros de la Plataforma por un Territorio Sostenible y Unidos Podemos, Antonio Pérez (i), Carmen Valido, y Faustino García. Efe/Elvira Urquijo

La Plataforma por un Territorio Sostenible y Unidos Podemos han presentado un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo de Canarias, aprobada por el Parlamento regional en junio pasado, por considerar que vulnera varios principios de la Constitución.

El recurso pretende "limar los aspectos más problemáticos a través del Tribunal Constitucional con el fin de limitar la capacidad de destrucción del territorio", ha asegurado este viernes el arquitecto urbanista Faustino García Márquez durante una rueda de prensa.

La intención es que el recurso de inconstitucionalidad sea un elemento de transición hasta que sea posible derogar la ley cuando se logre una mayoría parlamentaria que lo permita, ha indicado García Márquez.

Los recurrentes alegan que la Ley del Suelo vacía las competencias sobre el territorio correspondientes a la comunidad autónoma, algo que no permite ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía de Canarias.

En su opinión, la Ley del Suelo provoca "un debilitamiento en el ejercicio de la potestad de planeamiento (una de las de mayor contenido discrecional) de los principios constitucionales de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y una reducción de la protección del medio ambiente del archipiélago canario caracterizado por la escasez, fragilidad, y dispersión del suelo".

Asimismo, entienden que "se produce un cambio de arquetipo o modelo de ordenación del territorio, construyendo un nuevo régimen jurídico, suprimiendo unos instrumentos y creando otros nuevos, se sustituye el denominado procedimiento bifásico de aprobación por otro horizontal o monofásico en el que la Administración competente, en régimen de autonomía, tiene la responsabilidad de aprobar el instrumento de ordenación 'sin injerencias indebidas'".

Los recurrentes afirman que el papel de la Comunidad Autónoma se reduce a emitir un informe preceptivo y vinculante exclusivamente sobre cuestiones sectoriales que pudieran resultar afectadas, respecto de los planes insulares, los planes territoriales, y los planes generales.

Los miembros de la Plataforma por un Territorio Sostenible y Unidos Podemos, Antonio Pérez (i), Carmen Valido, y Faustino García.

Los miembros de la Plataforma por un Territorio Sostenible y Unidos Podemos, Antonio Pérez (i), Carmen Valido, y Faustino García. Alejandro Ramos

Para el resto de instrumentos de ordenación y ejecución no hay necesidad de informe autonómico o éste solo tiene carácter preceptivo (no vinculante), "como es el caso de los planes y normas de los espacios naturales protegidos y de nuevos instrumentos tan excepcionales y potentes como los proyectos de interés autonómico o insular", se alega.

En el recurso se critica también el tratamiento que la ley concede al suelo rústico, con una excesiva facilidad del uso individual, algo que debería ser excepcional, ha indicado García Márquez.

La Ley del Suelo "extiende los asentamientos rurales, amplía notablemente las actividades admisibles en el suelo rústico, al tiempo que, en vez de incrementar consiguientemente los mecanismos de control sobre el uso del suelo, efectúa una palmaria reducción de los mismos".

En el recurso se denuncia también la sustitución del planeamiento estructurado por un simple proyecto.

Según los recurrentes, se produce un "debilitamiento de instrumentos de ordenación del territorio, al derogarse las Directrices de Ordenación que pasan a estar deslegalizadas, y resultando los Planes Insulares de Ordenación drásticamente reducidos en su contenido urbanístico y ambiental".

La ley introduce los proyectos de interés insular o autonómico (promovidos por iniciativa pública o privada), que pueden aprobarse en ejecución del planeamiento insular, de las directrices o de forma autónoma, al tiempo que se incrementa la discrecionalidad mediante la regulación que se establece por ejemplo con las ordenanzas complementarias.

La diputada de Unidos Podemos Carmen Valido ha criticado que la Ley del Suelo "defiende los intereses de los grandes empresarios frente a los intereses generales de los canarios", y aunque habla de protección ambiental, "miente descaradamente", pues hace justo lo contrario.

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