Podemos reclama que los hijos de mujeres maltratadas sean considerados víctimas de violencia de género
Podemos solicitará en el próximo pleno del Parlamento de Canarias el apoyo del resto de grupos a la ampliación de la Ley de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género en Canarias, con el objeto de que queden incluidas en el ámbito de aplicación todas las manifestaciones de violencia ejercida sobre la mujer por el mero hecho de serlo, “que impliquen o puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica”.
Además, la diputada de Podemos María del Río también propone que se reconozcan como víctimas de violencia de género a “los niños y niñas que son testigos de las agresiones o que estén expuestos a cualquiera de las formas de violencia señaladas anteriormente”. La formación morada solicita una atención integral no sólo a las mujeres, sino al resto de la familia cercana “especialmente en los casos de asesinato debido a las secuelas que generan”. Del Río también exige un protocolo inmediato de actuación para la retirada de la patria potestad a los asesinos por violencia machista.
Podemos defenderá en el pleno que esta modificación obligue al Gobierno de Canarias a presentar un informe anual al Parlamento sobre la situación de la violencia de género en las islas, además de “evaluar el impacto de los planes, programas y servicios en materia de igualdad y prevención”. También reclama “voluntad política y dotación económica suficiente que garantice el cumplimiento de esos planes y programas”, así como la mejora en coordinación y formación de los equipos psicosociales de los Juzgados para prevenir el uso del supuesto Síndrome de Alineación Parental.
La iniciativa también introduce el concepto de “feminicidio”, que engloba los homicidios cometidos en el ámbito no sólo de la pareja o expareja sino que también incluye otros crímenes relacionados con la violencia sexual, el asesinato en el ámbito de la prostitución y la trata de mujeres, entre otros.
Podemos pretende con esta modificación de ley que la actual normativa, que data del año 2003, se adapte a los convenios internacionales suscritos por el Estado Español, como el Convenio de Estambul de 2011 o la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
