Ramírez (Los Verdes): ''Un concejal de Hacienda ni pincha ni corta''
“Visto lo visto y en el lugar en el que estoy ahora, le puedo decir que un concejal de Hacienda ni pincia ni corta”, declaró este sábado el actual concejal de Hacienda de Santa Brígida, Antonio Ramírez, al ser preguntado por este periódico por su decisión de retirar las acusaciones contra el anterior responsable del área, Lucas Bravo de Laguna, actual alcalde por el Partido Popular.
Ramírez, que el jueves negó a este periódico que hubiera retirado la denuncia contra su actual socio de gobierno, aseguró que en realidad él nunca acusó a nadie en concreto de los hechos que ahora darán lugar a la apertura de juicio oral por los presuntos delitos de fraude y exacciones fiscales y prevaricación administrativa, sino que “fue el juez el que imputó”, entre otros a Bravo de Laguna.
“Los concejales de Hacienda, porque lo veo, porque me he asesorado y documentado, no tenemos mucho que hacer ante una cosa como esta”, remarcó este sábado Antonio Ramírez.
En su escrito de acusación, firmado el 1 de octubre pasado, Antonio Ramírez llega a afirmar que los ex alcaldes Carmelo Vega y Antonio Díaz , para los que pide prisión e inhabilitación especial, “no promovieron la liquidación y cobro del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y la tasa municipal de licencia de obras a la empresa UTE Santa Brígida, haciéndolo de forma intencionada, dado el conocimiento que siempre tuvieron de la importancia del asunto, tanto por el cargo que ocuparon, que les obligaba a ello, como por su asistencia personal al (...) pleno de 7 de julio de 2007 [quiere decir 2003] en el que autorizaron las obras (...)”.
El escrito de acusación recoge un poco más adelante que esa autorización se condicionó “al pago de los tributos (...) a que hace referencia el informe de la intervención de fondos municipal (...) no cumpliendo con la especial atribución que confiere a los alcaldes el artículo 41.25 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento, a sabiendas de que con esa actitud omisiva (...) se perjudicaban las arcas municipales y se beneficiaba a la empresa UTE Santa Brígida”.
El concejal de Hacienda en aquellos momentos era Lucas Bravo de Laguna, que tenía las competencias delegadas pero no la firma, según ha resaltado él mismo en muchas ocasiones.
