Rodríguez define la política de vivienda de CC-PSC como un fracaso y pide “operatividad”
El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha considerado este martes un fracaso la política de vivienda del Gobierno canario por su falta de respuesta a los 35.000 demandantes de pisos de promoción pública y la ineficaz gestión para frenar los desahucios, y ha exigido respuestas “operativas” al gabinete.
Román Rodríguez afirma en un comunicado que, transcurridos seis meses desde que el pacto de gobernabilidad priorizara la paralización de los desahucios con el anuncio de la puesta en marcha de la oficina de intermediación hipotecaria y defensa del derecho a la vivienda y de reunirse con las principales entidades financieras para suscribir un convenio, los resultados son “nulos”.
En varias respuestas al portavoz adjunto de NC, Luis Campos, a finales del pasado mes de noviembre; la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, responsabilidad de la vicepresidenta, Patricia Hernández, dice que la constitución de la referida oficina se encuentra en fase de diseño y que su dotación presupuestaria no estaba concretada.
Román Rodríguez advierte de que la gravedad del problema no ha disminuido mientras el Ejecutivo canario “sigue entretenido” en la realización un estudio detallado del alcance de las labores a realizar por la oficina para, según dice el departamento de Hernández, prestar un asesoramiento completo y plantear la posibilidad de que el servicio pueda prestarse en ubicaciones diferenciadas.
“Ciento ochenta días de gestión y nos dicen que intentan localizar viviendas que sirvan como alternativa habitacional cuando, en base a los datos del propio Gobierno de mediados de 2014, existían 130.000 viviendas vacías (públicas y privadas)”, critica el también diputado nacionalista.
Las consecuencias de la ineficaz gestión del Ejecutivo se agravan tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la ley canaria del derecho a la vivienda, agrega.
NC reivindica además su iniciativa para crear una oficina de intermediación con las entidades financieras para frenar los desahucios y la fijación de un fondo estable de ayudas de emergencia cuando haya fallado la labor de intermediación dirigidas a pagar la cuota hipotecaria o la renta mensual del alquiler.
