SEO/Bird Life ve “ilegal” cambios del catálogo de especies protegidas de Canarias y advierte que irá al Constitucional

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 (EUROPA PRESS)

La organización SEO/BirdLife tacha de “ilegal” la proposición de Ley que modifica el catálogo canario de especies protegidas, mostrando además su sorpresa porque el grupo parlamentario de Coalición Canaria defienda una desprotección de la fauna y flora canaria sin aportar ningún informe técnico que demuestre que esta acción no supondrá un riesgo de extinción de estas especies, anunciando además su intención de que si sale adelante la modificación 'pedirán amparo' al Tribunal Constitucional.

Así se ha recogido en un comunicado hecho público hoy por la asociación que ha recordado que el pasado 21 de septiembre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias la Proposición de Ley relativa al Catálogo Canario de Especies Protegidas, por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.

El objetivo de esta propuesta --según han explicado desde SEO/Bird Life-- es adaptar la legislación canaria sobre protección de especies a las exigencias de la legislación básica estatal (Ley 42/2007) y de la normativa comunitaria. “Sin embargo, lo único que hace es vulnerar la legislación nacional y europea”, señalaron desde la organizacón.

Ejemplo de ello es que dado el carácter de legislación básica que tiene el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA), no se pueden rebajar las categorías actuales de los taxones incluidos en este catálogo estatal hasta que no se proceda a su revisión. Sin embargo, el proyecto de Ley canario rebaja la categoría de protección de 9 especies de aves, entre las que se encuentran la avutarda hubara, el paíño pechialbo, el corredor sahariano o la tarabilla canaria y deja fuera casi una veintena de especies.

Por otra parte, se crea una nueva categoría denominada de 'Interés para los ecosistemas canarios' en la que incluirían las especies que sin estar amenazadas “sean merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la red Natura 2000”, pero señalándose que la protección de dichas especies será aplicable exclusivamente a esos espacios protegidos, contraviniendo con ello la Ley estatal, que no limita el ámbito de aplicación.

Así, las especies incluidas en este listado que se encuentren fuera de espacios protegidos, como es el caso de la seba en Granadilla de Abona (Tenerife), quedarán desprotegidas y por tanto expuestas a desaparecer ante proyectos como el puerto de Granadilla. Se da la paradoja que la protección de un ave irá variando dependiendo en cada momento de si se encuentra sobrevolando o no un espacio protegido.

En opinión de la organización, el objetivo de esta modificación es “desclasificar y rebajar un número importante de especies actualmente amenazadas en el archipiélago canario y que suponen en muchos casos un ”obstáculo“ para la ejecución de grandes proyectos de interés público y privado”. A juicio de SEO/BirdLife, “es el retroceso más grande en cuanto a conservación de especies” que se ha propuesto nunca en la Unión Europea y por ello debería dar explicaciones el partido que lo propone.

Por otra parte, la fórmula utilizada para aprobar este catálogo, mediante Ley, hace pensar en la poca o ninguna voluntad por parte de este grupo parlamentario de hacer de este catálogo una herramienta flexible, que permita subir o bajar de categoría las especies en función de su empeoramiento o mejora. Así, cualquier tipo de modificación deberá hacerse mediante Decreto de Gobierno, sin dar la posibilidad a los ciudadanos u organizaciones a iniciar cualquier tipo de procedimiento al respecto, aspecto que sí recoge muy claramente la Ley estatal (Ley 42/2007) y el vigente Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.

SEO/BirdLife ha considerado que en la actualidad, la mejora del conocimiento y el cambio de tendencia de algunas especies permiten considerar el cambio de categoría en los catálogos, tanto nacional como regional. Sin embargo, esta calificación debe hacerse atendiendo a los criterios establecidos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), bajo un rigor científico, algo que no se ha tenido en cuenta en esta nueva propuesta de recatalogación.

La organización se ha puesto en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente para solicitarle que en caso de que la proposición de Ley sea aprobada, el Gobierno de España la recurra ante el Tribunal Constitucional