Santa Brígida incrementa su minoría tras la marcha de dos concejales de UxGC
Los concejales de Unidos por Gran Canaria (UxGC) en Santa Brígida Martín Sosa y Purificación Amador han decidido abandonar el Gobierno municipal en la Villa, tras la apertura de juicio oral contra el cabeza de lista del partido, lo que incrementa la minoría del Ayuntamiento y lo deja con seis concejales, frente a los once de la oposición.
La causa, originada en 2014, radica en una denuncia interpuesta por un particular por el presunto intrusismo de los taxis de la Villa en la zona correspondiente al municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
El Consistorio indica en un comunicado que este procedimiento tuvo que dirimirse entre los denunciantes con el Ayuntamiento capitalino y la Consejería de Transportes del Cabildo de Gran Canaria pero, por error, se remitieron los documentos al Ayuntamiento satauteño, lo que ha dado lugar al procedimiento contra el dirigente de UxGC por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
La decisión de abandonar el pacto de Gobierno de los concejales de UxGC se debe a que en el Pacto de Gobierno firmado entre las distintas organizaciones que lo conforman se había establecido que los concejales deberían renunciar al acta “desde el momento en el que se le dé traslado del auto de apertura de juicio oral por un procedimiento penal”. Motivo por el que han considerado que en este caso se debe asumir dicho compromiso hasta que se determine si hubo una actuación punible. Al respecto, Sosa Domínguez dijo confiar en la Justicia y “en mi inocencia y lo voy a demostrar donde hay que hacerlo”.
De esta manera, el Grupo de Gobierno quedará reducido a seis concejales de los 9 con los que comenzó el mandato, tras el cese por pérdida de confianza de la edil de Coalición de Centro Democrático, Oneida Socorro y la marcha de los ediles de Unidos por Gran Canaria. El Grupo de Gobierno queda conformado por los partidos ANDO Sataute (4 concejales). PSOE (1 concejal) y Nueva Canarias (1 concejal), en un Ayuntamiento en el que las restantes fuerzas políticas han quedado conformadas de la siguiente forma: 3 ediles del PP, 2 por Cambio por Sataute, 2 de Unidos por Gran Canaria, 1 de Ciudadanos, 1 del CCD y 2 en el grupo de No Adscritos.
Taxis en la capital grancanaria
El 15 de Septiembre de 2014, el Presidente de la Asociación de Taxistas de Tafira Alta La Tornera, Juan Ramón Naranjo García, presentó un escrito en la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción en el que manifestaba que la asociación “ha venido denunciando desde hace años una serie de infracciones que se vienen cometiendo en el municipio de las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la zona de Tafira Alta, por taxistas del Municipio de Santa Brígida, más concretamente los de la Parada del Monte Lentiscal, ya que los mismos vienen realizando servicios fuera de sus competencias (Santa Brígida) recogiendo pasajeros dentro de los lindes de Las Palmas de Gran Canaria”.
En su exposición afirmó que “dado que las gestiones realizadas hasta el momento no han obtenido la corrección de las acciones ilícitas de los taxistas del municipio de la Villa de Santa Brígida, nos lleva a pensar que las sanciones impuestas por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria no se están llevando a último cumplimiento, esto es el pago de las sanciones impuestas y las sanciones como faltas graves estipuladas en la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Auto-Taxis”.
El 7 de Octubre, el Fiscal Jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, decretó incoar diligencias de investigación, asignando al Fiscal Miguel Pallarés Rodríguez para la comprobación de los hechos y de sus posibles autores.
El 15 de Octubre el Fiscal Pallarés Rodríguez, tomó declaración a Juan Ramón Naranjo y mandó oficio al Ayuntamiento capitalino para que remitiera copia de los expedientes sancionadores que debieron incoarse por parte de la Policía Local.
El Ministerio Público remitió oficio al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el 3 de Diciembre de 2014, respecto a los originales de los boletines de denuncia para que informen si están en su poder o fueron remitidos al Ayuntamiento de Santa Brígida o al Cabildo de Gran Canaria. Posteriormente, la Jefa de la Sección de Tráfico y Transportes, Teresa Marrero Franco, informó de que “todos los originales de los boletines de denuncia relacionados (excepto el nº 01472677, que no tuvo entrada en esta Sección), fueron remitidos al Ayuntamiento de Santa Brígida”.
Pallarés Rodríguez formuló denuncia de los hechos supuestamente cometidos por taxistas del Municipio de Santa Brígida en enero del siguiente año, al considerar que podrían ser constitutivos de intrusismo y prevaricación administrativa. Asimismo, señaló que las denuncias, excepto una, fueron remitidas por error al Ayuntamiento de Santa Brígida, recuerda el Consistorio e un comunicado.
Ante esta situación, consideró que el Ayuntamiento de Santa Brígida, concretamente el Concejal Delegado de Tráfico y Transportes, en aquel momento Martín Sosa, no había custodiado debidamente y de forma intencionada los boletines de denuncia señalados, al no haber remitido los originales al Cabildo de Gran Canaria.
El Ministerio Público considera - continúa el comunicado de la institución local - que “no solo la custodia, sino la no aportación de los originales de los boletines de denuncia que por error el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria remitió al Ayuntamiento de Santa Brígida, está claramente dirigida, por el concejal, a que no pueda incoarse expediente sancionador alguno por parte de la Administración competente, el Cabildo de Gran Canaria, al no remitirle el original preceptivo”.
El Fiscal estima que los hechos “presentan indiciariamente caracteres de un delito de infidelidad en la custodia de documentos”, por parte del edil, por lo que insta al Juzgado de Instrucción que corresponda se incoen las correspondientes Diligencias Previas, interesando igualmente la práctica de la siguiente diligencia: Se tome declaración en concepto de imputado a Martín A. Sosa Domínguez“.
