Sólo 1,4 millones para las 114 familias de Hespérides
La Audiencia Nacional (AN) acaba de dar un paso más en la resolución de uno de los litigios que con más insistencia han saltado a los medios de comunicación tinerfeños durante los últimos años: la propiedad de los terrenos de la base militar de Hoya Fría situada en Santa Cruz de Tenerife. La Sala ahora ha rechazado la pretensión de la cooperativa de viviendas Hespérides de que el Ministerio de Defensa les abone 6 millones de euros por todo lo ocurrido tras la compra de estos terrenos en 1997 al Estado.
Las 114 familias de esta urbanización sólo tendrán derecho a recibir 1,4 millones que es la cantidad por la que adquirieron el suelo la primera vez, pero no serán compensados por el dinero que tuvieron que desembolsar luego a la familia Rodríguez López a los que el Tribunal Supremo reconoció en 2008 como legítimos propietarios. Y es que en esa fecha una sentencia firme obligó a que Defensa devolviera los 470.000 metros cuadrados que en 1937 habían donado al ejército con el fin de evitar que uno de sus familiares fuera fusilado por los franquistas.
Sin embargo, en el contrato impusieron como condición que estos terrenos sólo podían tener uso militar y nunca podrían ser objeto de venta. A pesar de ello en 1997 Defensa procedió a vender a los actuales miembros de la cooperativa una parcela de 174.000 metros cuadrados con lo cual la familia Rodríguez López pidió que se le devolviera la totalidad del suelo. Así lo entendió el TS en 2008 lo que dio lugar a que los residentes de la urbanización tuvieran que volver a comprar el suelo, esta vez a los nuevos dueños por 7,7 millones.
Los cooperativistas reclamaban al Estado que les compensara los 6 millones de diferencia que debieron pagar en la segunda ocasión. Sin embargo ahora la Audiencia Nacional, a través de un fallo que puede ser recurrido ante el Supremo, entiende que antes de la compra ya habían tenido conocimiento de la situación en la que se encontraba los terrenos y las cláusulas contenidas en el contrato firmado en 1937 por que así lo había advertido previamente la familia Rodríguez López.
La AN rechaza que el funcionamiento de los servicios públicos “haya sido el causante de la lesión patrimonial cuyo resarcimiento se pretende, ya que, pese a que la Administración no advirtió en la subasta de la reclamación previa efectuada por los herederos del donante, la cooperativa no sólo tuvo la oportunidad de conocer sino que conoció la existencia de la donación y los términos en los que se hizo”.
La Sala además considera probado que los nuevos compradores estaban al tanto “del carácter litigioso de la finca que adquirió y los procesos civiles que siguieron, en los que intervino, siendo imputable a su propia voluntad la transformación de la finca”. En referencia a las obras de urbanización que ejecutaron antes de la sentencia del Supremo, así como la “recompra” de la misma tras este fallo del TS que obligó a devolver los terrenos a la familia Rodríguez López.
A finales de 2010 el entonces secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, y el portavoz de los herederos de los terrenos de Hoya Fría, Conrado Rodríguez López, suscribieron, el acuerdo de arrendamiento por el que el los propietarios alquilaron a Defensa los terrenos de la base militar hasta 2015, por un importe anual de 200.000 euros. A partir de aquí está previsto que el Ejército de Tierra concentre todas sus unidades ubicadas en Tenerife en una única base que unirá los actuales acuartelamientos de Los Rodeos y de Las Raíces y que dará cabida a unas 3.500 personas entre efectivos militares y civiles.
Este Plan de Concentración de Unidades permitirá liberar terrenos y posibilitar la dotación de equipamientos sanitarios y educativos necesarios para la Isla, así como facilitar el desarrollo urbanístico y el acceso a la vivienda en el municipio de Santa Cruz. En cuanto al futuro de Hoya Fría está prevista la construcción de unas dos mil viviendas en el avance del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz y también se ha planteado que en este enclave se sitúe la llamada ciudad sanitaria de Santa Cruz. Eso sí, siempre y cuando la familia Rodríguez López y el ejército no acuerden una nueva prórroga del convenio firmado en 2010.
