Soria rebaja el sueldo a los funcionarios pero no toca el de los altos cargos
De momento sólo cargarán con el sacrificio los funcionarios y el personal laboral. El Gobierno de Canarias ha decidido hacer una aplicación muy sui géneris del Real Decreto 8/2010 para el recorte del déficit público, que obliga a las administraciones públicas españolas a reducir un 5% su masa salarial. De momento, según un acuerdo que irá esta semana al Consejo de Gobierno, sólo se aplicará ese porcentaje a los trabajadores públicos, tanto al personal laboral como al funcionario y estatutario. Los altos cargos (presidente, vicepresidente, consejeros, viceconsejeros, secretarios generales técnicos y directores generales), para los que se anunció un recorte salarial del 15%, quedan fuera de momento.
Así lo ha decidido el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno, José Manuel Soria, que en la aplicación del recorte del déficit público ordenado por el Gobierno central (el Real Decreto es legislación básica, luego de obligado cumplimiento), tiene todas las prerrogativas en Canarias. Su decisión, respaldada por la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, ha sido la de rebajar un 5% todas las retribuciones del personal laboral (salario base, trienios y complementos) y la misma proporción al personal laboral y estatutario, pero aplicándola solamente al salario base y a la antigüedad.
El resto de las reducciones a las que el Gobierno canario está obligado para alcanzar la rebaja efectiva del 5% en la masa salarial incluida en el Capítulo 1 de sus presupuestos generales, habrá de ser aprobada mediante modificación de la Ley de Presupuestos de Canarias, una vía sorprendente y jurídicamente innecesaria que ya ha empezado a ser elaborada por un equipo ajeno a la Consejería de Economía y Hacienda bajo la dirección de una persona de la máxima confianza del consejero Soria, Rosa Rodríguez, viceconsejera de Economía.
Esa modificación legal, cuyo alcance será abordado esta semana por el Consejo de Gobierno, será la que regule cómo aplicar la instrucción para la elaboración de retribuciones en nómina, que se aprueba cada enero desde 2006 pero que ahora habrá de ser modificada para ejecutar el Real Decreto 8/2010 de recorte del déficit público. Esa instrucción siempre ha afectado a todas las nóminas de la administración, es decir, desde los trabajadores públicos a los altos cargos, incluyendo asesores.
Pero en esta ocasión, el Gobierno ha hecho algunas extrañas piruetas. De entrada, ha remitido a un acuerdo de Gobierno la modificación de la instrucción sobre elaboración de nóminas, que en cualquier otra ocasión se hubiera resuelto con una circular de la Consejería de Presidencia, a quien pertenece Función Pública. En segundo lugar, ha sacado de esta modificación salarial a los altos cargos, que seguirán cobrando sus nóminas íntegramente mientras se tramita esa modificación de la Ley de Presupuestos, la tercera originalidad, ya que no es jurídicamente necesario para hacer un cambio en las nóminas.
Con todo, aún aplicando la máxima urgencia a esta tramitación parlamentaria, con lectura única, es probable que no haya aplicación del decreto del Gobierno de España hasta el próximo otoño. Hasta entonces, el Gobierno disfrutará de su salario íntegro. Había prometido una rebaja del 15.
