Stratvs incumple las normas urbanísticas
En el procedimiento penal que se sigue contra el promotor, el arquitecto y técnicos y cargos públicos del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza, la asociación Transparencia Urbanística, que ejerce la acusación popular, destaca que «la carencia absoluta de habilitación legal para su construcción y puesta en funcionamiento, la alarma social generada ante las evidencias de trato de favor y de desigualdad en la aplicación de la ley y la patente contradicción entre la demolición inmediata de construcciones en La Geria, incluso viviendas de primera necesidad, y la permanencia de construcciones, usos y actividades clamorosamente ilegales impiden una relajación del juzgado penal al respecto del cierre definitivo de la bodega Stratvs“.
La asociación cree que no se puede limitar el cierre a una de la partes de la bodega, como ha hecho el Ayuntamiento iniciando la clausura del restaurante, porque la bodega es “un cuerpo único e indivisible” y porque además, toda la edificación está en una ubicación no autorizada, incumpliendo todos los parámetros edificatorios de aplicación, como superficie construida, altura o volumen.
Es decir, que lo que se autorizó, según la Fiscalía y los denunciantes, no se podía haber autorizado, pero es que tampoco se respetó el permiso y se edificó mucho más de lo autorizado y en otro lugar distinto: “El promotor no ha respetado ninguna de las condiciones establecidas en la autorización, porque, según sabemos ahora, la vivienda proyectada no fue objeto de restauración, sino que fue demolida pese a su valor etnográfico, levantando en su lugar otra construcción de nueva planta, y de dimensiones aparentemente superiores; y el almacén-bodega fue transformado, no solo en sus dimensiones y características, sino incluso en su ubicación, añadiendo además una multitud de construcciones e instalaciones no contempladas en el proyecto originario que sirvió de base al otorgamiento de la autorización administrativa”, señala Transparencia.
Pero eso no es todo. Los promotores ni siquiera son los propietarios de todos los terrenos donde se levanta la bodega. Así lo reconoció Juan Francisco Rosa en su declaración judicial. Rosa adquirió aproximadamente el 85 por ciento de los terrenos, pero el resto, una sexta parte, pertenece a la familia Negrín. Varios miembros de esta familia, que recibieron el terreno (con una parte de la casa que existía) como herencia, declararon en los Juzgados que nadie se dirigió a ellos para comprarles el suelo. Según Rosa, tenía «permiso verbal» de uno de los hermanos, que falleció. «Dijo que no había ningún problema, fiándose de su palabra de que no tenía inconveniente de que empezase a trabajar», señala la transcripción de la declaración judicial del empresario lanzaroteño.
Dos de los herederos, cuando se enteraron de las obras, acabaron reuniéndose con Rosa y éste les ofreció primero acciones de la bodega y después entre 3.000 y 4.000 euros en pagarés y la posibilidad de celebrar una boda en ese lugar. Los herederos no aceptaron y se plantearon poner una demanda pero no lo hicieron por la cuantía del procedimiento, aunque ahora sí están personados en este.
Pese a que una de las fincas no es suya, en mayo de este año el Ayuntamiento de Yaiza catastró, por petición de Rosa, a nombre de BTL, una sociedad de este empresario, la finca de los Negrín. El técnico que llevó a cabo ese cambio también está imputado.
Y hay otra irregularidad más que investiga el Juzgado. Rosa puso como garantía una finca (donde se supone que se asienta la bodega) para afrontar una deuda con Hacienda y con el Ayuntamiento de Yaiza que tiene el Hotel Princesa Yaiza (participado por BTL), pero sin embargo en esa finca no se encuentra la bodega, que está construida en la finca de al lado, así que se investiga si se intentó simular en la Notaría que la bodega estaba en esa finca para garantizar la deuda.
En las extensas alegaciones de Transparencia Urbanística incorporadas al sumario se considera que hay indicios suficientes de que hay una vinculación entre la gran cantidad de picón extraído en el Barranco del Obispo para construir la bodega y las obras llevadas a cabo en Uga, donde vive y tiene su finca el empresario Juan Francisco Rosa, adonde se pudo trasladar todo ese picón.
Para ello se ha presentado un documento gráfico basado en fotografías aéreas de ambos lugares que muestra que coincide en el tiempo la modificación de los dos sitios. La asociación pide que se practiquen averiguaciones y para ello solicita que la Agencia de protección del medio urbano y natural emita un informe al respecto y que el Ayuntamiento de Yaiza informe sobre los lugares en los que se depositaron los materiales obtenidos en la excavación para la obra de la bodega.
Por otra parte, también se pide que se investiguen las modificaciones introducidas en el Plan Especial de La Geria gracias a las cuales se integraron en ese plan algunas bodegas como Stratvs. Según TU, “las modificaciones y alteraciones son de tan importante calado que resulta necesario indagar en el procedimiento de tramitación y aprobación del Plan Especial de La Geria, con la finalidad de discernir cómo se produjeron tales alteraciones ya que Stratvs accede ilegítimamente a una posición jurídicamente privilegiada, como es la equiparación de la construcción ilegalmente ejecutada con las bodegas históricas de La Geria, que tienen detrás, como mínimo, un siglo de historia y el esfuerzo colectivo de varias generaciones de agricultores y campesinos para acceder a su posición singular dentro del espacio natural protegido”.
