La portada de mañana
Acceder
La izquierda busca reconstruirse ante el nuevo ciclo político
El PP de Ayuso bloquea la investigación de los negocios de su pareja
Opinión - 'Un español cuenta algo muy sorprendente', por Isaac Rosa

El TSJC ordena derribar ya la fábrica de Taguluche

Canarias Ahora / Canarias Ahora

La sala segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un ultimátum al Ayuntamiento de Valle Gran Rey para que proceda de forma inmediata al derribo de la planta de envasado de aguas de Taguluche.

Ya en el pasado mes de mayo el Tribunal había otorgado un plazo de tres meses que se ha sobrepasado tras recurrir el Ayuntamiento a diversos subterfugios legales. Entre ellos, la dificultad para disponer de los 266.000 euros que costaría la demolición.

La respuesta del TSJC a este impedimento ha sido más bien la de encogerse de hombros y señalar: “No tenemos nada que objetar a cómo decida financiar el derribo la Corporación”. El Ayuntamiento había alegado que, para afrontar este pago y dado lo elevado de su cuantía, se veía “en la necesidad de estudiar diferentes alternativas de financiación; si bien no ha quedado otra opción que acudir a la concertación de una operación de préstamo a largo plazo, procedimiento actualmente en trámite”.

El TSJC rechaza el argumento de la Corporación municipal en el sentido de que está obligada a tramitar previamente un expediente de calificación territorial. Al respecto, el Tribunal recuerda que “se trata de una medida de restauración del orden urbanístico infringido declarada en sentencia judicial firme. Por ello, no es exigible ningún expediente de calificación territorial por cuanto éste nunca podría denegar la demolición. El ministerio de la ley busca precisamente la reposición al estado anterior de este espacio dado el desapropio de la construcción. El edificio fue consentido con la pasividad de esa Corporación que no le importó la falta de calificación para permitir la construcción ilegal y pretende ahora apelar a ella para su demolición”, se señala en el oficio emitido el miércoles.

Incluso el TSJC no duda en calificar de “temerario” este argumento defendido por los representantes municipales.

Comunicación al Cabildo

El Tribunal, sin embargo, sí da la razón a la Corporación local en el sentido de que es necesario llevar a cabo un procedimiento de licitación para proceder al derribo.

Para ello requiere que se dé traslado al servicio de medio ambiente del Cabildo con el fin de que informe sobre si el proyecto requiere alguna medida correctora que se deba tomar para su ejecución. En caso de que la institución insular no dé ninguna respuesta, el TSJC considera que este silencio se debe interpretar como que es de “total conformidad” con el procedimiento elegido.

Valle Gran Rey había apelado a que el inmueble se sitúa en suelo rústico para escudarse en que era necesaria una calificación territorial previa. Un paso que según el TSJC lo único que busca es retrasar el derribo.

También se escudaba en lo elevado del presupuesto que requiere esta actuación y en los requisitos que supuestamente impone la Ley del Territorio para que le concedan un plazo más amplio antes de proceder a la demolición. La respuesta del TSJC emitida el 20 de noviembre es que la demolición debe llevarse a cabo con carácter inmediato.

Etiquetas
stats