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Tenso consejo de Puertos de Las Palmas por la licencia a la compañía de remolcadores representada por el expresidente Arnaiz

La decisión quedó aplazada este lunes por un defecto administrativo, pero se adoptará los próximos días coincidiendo con la publicación de un concurso que actualizará las condiciones

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Remolcadores de Fairplay atracados delante de las oficinas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. (ALEJANDRO RAMOS)

Remolcadores de Fairplay atracados delante de las oficinas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. (ALEJANDRO RAMOS)

Un consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas con notables ausencias vivió este lunes una de sus más tensas sesiones de los últimos tiempos por culpa de una licencia para el servicio de remolcadores de buques de potencia superior a los 1.000 hp (caballos de potencia) a favor de Odiel Towage, filial de la alemana Fairplay,  representada para la ocasión por el expresidente del organismo portuario José Manuel Arnaiz. El consejo aceptó la renuncia a una licencia otorgada con serias carencias a esa compañía pero dejó sobre la mesa hasta subsanar defectos administrativos la concesión de una nueva.

Quizás por ser lunes o por la aspereza del asunto, lo cierto es que a la convocatoria faltaron pesos pesados de la política y el mundo empresarial, como el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, el vicepresidente del de Gran Canaria o el presidente de la Cámara de Comercio de esa isla, renunciando de ese modo hasta media docena de personas a la suculenta dieta por asistencia a este órgano, 550 euros netos. A esas ausencias se sumó, llegado el punto concreto del orden del día, la del representante del grupo Boluda, actual operador único del servicio de remolcadores, Javier Climent, necesariamente interesado en la cuestión, al que se hizo salir de la sala incluso antes de que comenzara el debate. En otras ocasiones se permite la presencia de consejeros con intereses en cada sector hasta el momento de la votación, pero el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, y la secretaria del consejo, María Bosch, insistieron mucho en que Climent abandonara la sala y, en medio de su protesta y sus advertencias de acciones legales, se vio obligado a hacerlo.

Solo el representante de los trabajadores portuarios se abstuvo en el punto del orden del día referido a la renuncia (o “desistimiento”) de la licencia concedida a Odiel Towage para prestar el servicio. La empresa alemana se prestaba de este modo a las recomendaciones del abogado del Estado adscrito a la Autoridad Portuaria, que a la vista de las anomalías detectadas en la tramitación de esa licencia consideró preferible anularla y proceder a tramitar una nueva, la tercera, porque también la primera sufrió algunos contratiempos que aconsejaron su nulidad.

Quizás por ese cúmulo de “gestiones extrañas”, en palabras de un alto responsable del organismo, en los que tuvo mucho que ver la tramitación que desde un principio se hizo de la primera solicitud de Odiel, allá por julio de 2018, no se le aplicó al solicitante la incautación de la correspondiente fianza depositada, unos 173.000 euros. Lo que provocó las dudas del representante de los trabajadores portuarios y su consecuente abstención.

Pero la tercera licencia a Odiel Towage también parece marcada por el infortunio porque, lejos de ser otorgada por el consejo de administración, lo que se decidió fue dejarla congelada hasta que se resuelva un defecto formal, que no es otro que la ausencia de personación en el expediente de la Asociación Nacional de Remolcadores de España (Anare) que pidió tal condición y no se le concedió en tiempo y forma. Lo tendrá que hacer ahora la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que habrá de concederle un plazo de diez días para que alegue lo que estime conveniente y, acto seguido, convocar otro consejo de administración extraordinario (550 euros netos de dieta para cada consejero) para poder así ver cumplido el deseo de la compañía alemana de establecerse en las Islas Canarias y competir con Boluda.

Este nuevo contratiempo provocará un retraso que hará que la concesión de la licencia se produzca después de que este viernes se dé vía libre al nuevo pliego para un concurso para la prestación del mismo servicio de remolcadores, con la importante salvedad que habrá de ser para todos los puertos de la provincia de Las Palmas adscritos al organismo Puertos del Estado. Es decir, además de La Luz, el único rentable para este servicio, también los de Lanzarote y Fuerteventura, donde no ha querido personarse Odiel y donde sí opera de momento Boluda.

Arnaiz dice que él no está

A través de un abogado que dice hablar en su nombre, el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en uno de los momentos más polémicos de su existencia, José Manuel Arnaiz, ha negado tener relación alguna con Odiel Towage, S.L.

“Don José Manuel no representa a dicha empresa en ningún aspecto relacionado con licencias de remolcadores, ni tiene relación alguna con la licencia de la que se habla en la noticia”, dice la nota enviada a este periódico este lunes. “Le invito a que verifique dicha información y la contraste. Es comprensible que exista una palpable preocupación por parte de determinadas empresas por poder perder los monopolios de los que han venido disfrutando en el área portuaria, pero eso no es motivo para publicar información palmariamente falsa y tratar de difamar a nadie”, añade la nota.

José Manuel Arnaiz entró a formar parte del equipo de asesores de Odiel Towage a partir de que la abogada local de esa compañía, Marta Sal Reina, pidiera ayuda a su primo, Daniel Báez Reina, socio en Gespor del empresario Fran Naranjo. Son estos los que ponen a Sal en contacto con Arnaiz, al que presentan como un profundo conocedor de las entrañas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, donde aún conserva a algunos trabajadores y trabajadoras leales.

El propio Arnaiz se ha ocupado de airear su relación con Odiel Towage, al menos ante un conocido consignatario del puerto, y no se ha escondido lo más mínimo para ejercer como tal en las oficinas de la Autoridad Portuaria, como han confirmado dos fuentes de ese organismo y otro empresario conocedor de sus gestiones. “Es el presidente en la sombra”, comentan con sorna los trabajadores en esas oficinas.

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