El Tribunal de Contratos Públicos tarda 78 días en reiterar que es incompetente para los concursos de RTVC

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias ha empleado 78 días en reiterar en una resolución que es incompetente para pronunciarse sobre los concursos de la Radio Televisión Canaria (RTVC), a pesar de que el control último de los contratos de este ente público recae en la Intervención General autonómica. En una resolución adoptada el pasado 30 de enero, el tribunal que preside Pedro Gómez ha reiterado que los órganos por los que se rige RTVC (consejo rector y más recientemente administrador único) “son elegidos y cesados por el Parlamento”, lo que viene a significar que “el Gobierno de Canarias es totalmente ajeno” a los mismos.

Esta resolución responde a un recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2018 por la empresa Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones Canarias 2003, SLU (Insertel) contra el pliego de cláusulas administrativas del concurso para distribución y difusión de señales de TDT y de radio FM y red corporativa de datos de la radio y la televisión públicas de Canarias, publicado el 6 de noviembre de 2018 por el actual administrador único de las dos sociedades dependientes del ente, José Carlos Naranjo Sintes.

Como viene siendo habitual desde que se pusieran en cuestión los últimos concursos promovidos desde RTVC (informativos, continuidad y transporte de señal) el Tribunal de Contratos Públicos se ha desentendido de cualquier tipo de pronunciamiento.

Esa postura la mantuvo a principios de 2018 cuando el anterior presidente de RTVC, Santiago Negrín, publicó el anterior concurso para el transporte de señal, para el que eligió la modalidad de negociado sin publicidad y al que invitó a un solo licitador, Cellnex. El concurso fue censurado por la interventora general de la Comunidad Autónoma, María del Pino Martínez, que se negó a autorizar la firma del correspondiente contrato alegando que era ilegal por el procedimiento escogido y por su importe, que requería su refrendo por el Consejo de Gobierno. A este trámite se negó de modo irreductible la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que sostiene y hace sostener al presidente del Tribunal de Contratos Públicos que la competencia en la gestión económica de RTVC corresponde al Parlamento.

Tuvo que ser el nuevo administrador único, nombrado el verano pasado, quien se remangara y anulara de oficio el concurso de la señal, el que ha mantenido camino del primer año al actual proveedor pagándole sus servicios mediante procedimientos extraordinarios y el que, finalmente, ha convocado un concurso público.