Turismo tapó la desaparición del libro de resoluciones del 'caso agencias'

Los inspectores adscritos a la Inspección General de Servicios (Consejería de Presidencia y Justicia) elaboraron varios informes a petición de la magistrada Victoria Rosell, que investiga la trama de presunta estafa detectada en el negociado de Agencias de Viaje, del que era responsable el principal encartado en el caso, el funcionario Enrique Barreda.

Uno de esos informes, de fecha 2 de agosto de 2006, recoge, entre otras cuestiones, las manifestaciones de la secretaria del director general de Ordenación y Promoción Turística, Raimundo Domínguez. Elena González Molina reconoció a los inspectores que el Libro de Resoluciones del director general había desaparecido aproximadamente en febrero de 2005. Se trata del libro en el que se acumulan resoluciones administrativas entre las que debían encontrarse todas las relativas a la tramitación de permisos para las agencias de viaje.

Elena González dijo a los funcionarios de asuntos internos que cuando detectó la desaparición del libro lo comunicó verbalmente a “su superior jerárquico”, que decidió no denunciar los hechos. La secretaria del director general hizo constar en el acta que “sabía que esto se iba a saber y que ha recibido advertencias de que no lo contara”.

Según el testimonio de esta funcionaria, hasta la desaparición del libro, el registro funcionaba enviando a la firma solamente un original y después se pedía al negociado de Agencias de Viajes, del que era responsable Enrique Barreda, que devolviera una copia registrada para archivarla junto al Libro de Resoluciones“. La secretaria aseguró a los inspectores que había requerido en varias ocasiones a Barrera ”para que le diera las resoluciones a efectos de registrarlas“, y que repitió esas peticiones en tres ocasiones distintas, la última el 1 de febrero de 2005.

Fue a partir de esa fecha cuando desapareció el Libro de Resoluciones del director general.

Precisamente este viernes comparecerán ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, la docena de imputados en el caso Turismo. Será a partir de este momento cuando la magistrada empiece a tomar decisiones sobre la situación personal de cada uno de ellos. Dado el número de imputados y de abogados, la sesión se celebrará en la sala de vistas del juzgado y no en el despacho de la magistrada.

La mayoría de las agencias afectadas por este presunto fraude han declinado ejercer la acusación particular alegando falta de recursos económicos para acometer los gastos que generarían tales acciones.

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