Los Verdes habla de una ''trama político-empresarial''
Los Verdes considera que distintos pronunciamientos de las últimas semanas son indicativos de “una red de presión e influencias que actúa a través de una trama político-empresarial muy concentrada y está mediatizando directa o indirectamente las declaraciones públicas de algunos portavoces para cambiar las bases de la ordenación territorial y liberar el suelo de las figuras legales de protección”, según explican en un comunicado.
El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señala que “la traducción lógica de las presiones que se transmiten desde los ayuntamientos, desde el Cabildo y desde el Gobierno canario es que hay que desmontar el edificio legislativo de controles interadministrativos levantado desde la moratoria del año 2000 para que las clientelas locales del lobby de la construcción y la promoción inmobiliaria puedan campar a sus anchas sobre el territorio”.
Hernández se refirió a las declaraciones de distintos portavoces locales e insulares del PSOE para “socavar el PIOT, que abriría el melón del suelo rústico a recalificaciones puntuales”, al pronunciamiento del presidente saliente de la FECAM, Ramón Miranda, “llamando Pacto Local a la eliminación de controles sobre la matriz de intereses privados y públicos que se ha venido entretejiendo en los ayuntamientos, exigiendo el vaciamiento de la función reguladora de la COTMAC y de la legislación autonómica de planificación y ordenación territorial en nombre del principio de autonomía municipal, entendida como libertad para especular”, y al anuncio gubernamental de “laminar la moratoria, las directrices y la legislación asociada en aplicación de acuerdos entre CC y PP, con lo que el gobierno de Paulino Rivero aplicará un retroceso respecto a las dos últimas legislaturas, en flagrante contradicción con la última legislación europea y estatal en materia de suelo y medio ambiente”.
Prácticas irregulares
Los Verdes señala la existencia de “dos frentes”, en referencia a planes parciales residenciales para viviendas de protección oficial y planes parciales turísticos. Octavio Hernández considera que “este es el corolario natural de los retruécanos legales que ha habido en los municipios desde hace siete años para aprobar mediante subterfugios nuevos planes parciales a pesar de los informes técnicos y jurídicos que indicaban su nulidad en función de una normativa de control de superior aplicación, y de múltiples sentencias dictadas para reponer tanto la legalidad como el patrimonio afectado”.
A modo de ejemplos, el portavoz insular de Los Verdes citó los casos ya denunciados de “aprobación masiva y a uña de caballo de Planes Generales de Ordenación para eludir desde la propia Consejería y los ayuntamientos la Directiva 9/2006 sobre informes de sostenibilidad, y ahora la nueva Ley del Suelo; la utilización torticera del silencio administrativo positivo para sortear la moratoria y las directrices de ordenación hasta la aprobación de los PGO en tres municipios, a los que habría que sumar un número importante de planes parciales y especiales, que fueron aprobados definitivamente por los ayuntamientos días o semanas después de que la COTMAC informara su nulidad de pleno derecho por no ser posible aprobar planes de desarrollo mientras el planeamiento general no se hubiera adaptado al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, según la disposición transitoria 2.6; por último, las poderosas presiones de empresas y administraciones para desalojar sin su consentimiento a la población en los núcleos periféricos de expansión urbanística, ya sea en la ciudad o las zonas costeras de mayor potencial lucrativo, vecinos que en muchos casos no han registrado adecuadamente sus propiedades debido a las elevadas tasas y contribuciones”.
Hernández concluye que “las presiones y declaraciones públicas actuales van dirigidas a legalizar unas irregularidades técnico-jurídicas ideadas entre administraciones para sortear presuntamente el cumplimiento de la legislación de ordenación y planeamiento a petición de los promotores y sus asesores”.
Crisis inmobiliaria y REF
Los Verdes denuncia que la desaceleración económica en la venta y construcción de viviendas y las consiguientes dificultades de algunas empresas “constituye un dato objetivo que va a ser utilizado en los próximos meses para amortiguar la crisis inmobiliaria consumiendo más territorio, en lugar de emprender una diversificación económica que viene impuesta por la propia escasez de suelo de un territorio muy limitado”. Octavio Hernández denuncia que “ante la crisis provocada por la enorme bolsa de viviendas vacías y de nueva construcción y su elevadísimo coste para la renta familiar disponible, los empresarios no proponen dejar de construir más, ni bajar los precios hipertrofiados por años de especulación alcista, sino piden que la administración inyecte dinero público como ayudas a la adquisición, manteniendo de forma artificial un mercado que ha colapsado irremediablemente”. Los Verdes creen que el conflicto competencial y político en la actual renegociación del Régimen Económico y Fiscal “está centrado en las restricciones que la Hacienda estatal, en defensa del interés general, ha puesto a los usos de la RIC en actividades intensivas en suelo”. Hernández indicó que “mientras se propone subvencionar la compra de viviendas, al mismo tiempo se ha autorizado a las empresas a emplear los fondos de la Reserva de Inversiones para seguir construyendo casas de alquiler”. “Con la crisis estamos pasando de un capitalismo de amiguetes a un capitalismo de locos”, sentenció.
