XTF propone que se rescate Emmasa sin coste alguno

José Manuel Corrales, concejal de la formación política XTenerife, ha presentado una moción para que sea debatida en el próximo pleno a través de la cual solicita que el Ayuntamiento de Santa Cruz proceda a asumir de nuevo la gestión pública de la empresa de aguas Emmasa en caso de que el actual concesionario Sacyr-Vallehermoso incumpla el plan de inversiones previsto y sin pagar indemnización alguna. Corrales quiere que la Corporación local exija el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa después de que ya han transcurrido seis años desde la privatización de la compañía. En aquel momento Sacyr-Vallehermoso se comprometió a efectuar una inversión por valor de 45,1 millones de euros y que es independiente a la que se acordó en un Consejo de Administración celebrado en el año 2007.

Corrales quiere que el pleno adopte el acuerdo de que en un plazo no superior a tres meses la concesionaria consensúe y firme con el Ayuntamiento un concreto plan de inversiones que se deberá ejecutar en dos años, “como forma de aliviar los efectos de la crisis económica”. Las actuaciones se realizarán prioritariamente en las áreas medioambientales y de sostenibilidad y se orientarán a la ejecución de proyectos que sean los que creen mayor número de puestos de trabajo. “De no cumplirse el acuerdo el Ayuntamiento resolverá la concesión por incumplimiento de contrato y recuperará a todos los efectos la gestión del agua para que de esta forma la empresa vuelva a ser controlada por el Ayuntamiento en su totalidad sin coste alguno y poder decidir así la gestión más adecuada que garantice el interés público”.

Corrales recuerda que el proceso de privatización se llevó a cabo cuando Miguel Zerolo era alcalde basándose en unos argumentos que califica de falsos como que se iba a mejorar la eficencia, la calidad técnica o incluso apelando a motivos ideológicos. “La venta de Emmasa no se produce efectivamente para resolver un problema del servicio de abastecimiento de aguas que no existe, ya que esta empresa genera beneficios, síntoma de una buena solvencia financiera. Por el contrario la operación lo que evidencia es que se quiere vender un patrimonio público para tapar la vergonzante y nefasta gestión de CC en los últimos años. Como buen ejemplo de esto se vende una empresa pública que mantenía una gestión eficiente y en la que, hace tan sólo unos años, el Ayuntamiento llegó a invertir cerca de 800 millones de pesetas, dotándola de un moderno edificio y que dispone de una infraestructura analítica de una enorme categoría”.

Por si fuera poco el proceso se llevó a cabo en medio de una gran polémica hasta el punto de que el antiguo interventor llegó a denunciar presiones para firmar un informe técnico favorable. Posteriormente los tribunales anularon el procedimiento seguido, un recurso que actualmente se está discutiendo en el Tribunal Supremo (TS). Corrales recuerda también que el empresario Emilio Botín, “al que un Gobierno del PSOE le perdonara miles de millones en impuestos por tenerlos escondidos en una cuenta privada en un paraíso fiscal, es el dueño de empresa que más cuentas, tiene en paraísos fiscales. ¿Saben cuál es la segunda? Repsol, cuya accionista mayoritaria es Sacyr Vallehermoso, la también ganadora de un concurso ilegal, según sentencia judicial, por el que se le privatizó Emmasa”.

Pero además el concejal recuerda que en estos días “estamos en medio de otro episodio controvertido, y decimos otro porque desgraciadamente no es el primero ni será el último, en el que la unión 'antinatura', petróleo y agua, vuelve a estar en los canales de agua de la Isla, canales privados a los que los municipios tienen que comprar el agua, y que ya antes han sido saboteados, a la espera de que la investigación aclare qué ha pasado esta vez”. Por lo tanto el concejal aduce que se está procediendo a “permitir riesgos para la salud mientras se disputan intereses privados que merman el interés público, como cuando Emmasa empezó a cortar el agua a las personas necesitadas de nuestra ciudad incumpliendo los acuerdos con el Ayuntamiento, o como ahora, que cobra a los vecinos del suroeste por la conexión a una red de alcantarillado a la que no están conectados”.

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